Resolución Alternativa de Conflictos

278 Pages·2010·3.37 MB·Spanish

Resolución Alternativa de Conflictos
Resolución Alternativa de Conflictos
INDICE

(cid:1) Editorial
Alberto M.Binder

(cid:1) Presentación CEJA
(cid:1) Presentación INECIP

Notas Centrales

(cid:1) Juan Enrique Vargas - “Problemas de los sistemas alternos de solución de conflictos como
alternativa de política pública en el sector judicial”
(cid:1) Carlos Peña González - “¿Estimular los mecanismos alternativos?”
(cid:1) Fundación FAVIM - Extensionismo: una herramienta de participación ciudadana.
(cid:1) Macarena Tamayo Calabrese - “El comercio electrónico y los métodos alternativos para la
solución de disputas”
(cid:1) Macarena Vargas Pavez – “Mediación familiar en Chile”
(cid:1) Betsy Perafán - “La justicia Comunitaria dentro de la informalización de la Justicia en
Colombia durante la última década”

(cid:1) Entrevista Fundación Libra

(cid:1) Dossier sobre Resolución alternativa de conflictos en América

Notas generales

(cid:1) Claudia Laub - “La seguridad ciudadana en una sociedad democrática”
(cid:1) Liliana García Vargas – “Sistema de defensa pública en Costa Rica”
(cid:1) Carlos Salas Montes - “La depuración de causas penales en Honduras”
(cid:1) Gérard Barthélemy - Pouvoir et Justice en Haití: Reflexions sur la Culture Judiciaire en Haïti
(cid:1) Adriana Lander - “Nuevo escenario judicial venezolano”
(cid:1) Nassef Perdomo - “La reforma judicial en República Dominicana”
(cid:1) Jaime Arellano Quintana - “Foro penitenciario Mercosur: hacia la modernización de los
sistemas carcelarios de la región”
(cid:1) FORES – Optimización de la implementación de la reforma del sistema de enjuiciamiento penal
de la provincia de Buenos Aires

(cid:1) Reseñas bibliográficas
(cid:1) Noticias
(cid:1) Documentos
Resolución Alternativa de Conflictos

EDITORIAL

Con cierta frecuencia, el problema de la resolución alternativa de conflictos
es considerado como un tema particular y específico. Nadie niega tal
especificidad, que exige que sea investigado y desarrollado en sus
particularidades. Muy por el contrario, los estudios reunidos en esta revista son
una prueba de ellos y nos estimulan para continuar el desarrollo de las ideas allí
expuestas.
Sin embargo, no es conveniente limitarse a esa perspectiva, porque el
problema de la resolución de conflictos nos arrastra a uno de los problemas
centrales de la democracia latinoamericana: la construcción de la paz
comunitaria. Y éste no es ya un tema específico, sino que implica una mirada
general sobre la eficacia de la democracia y su legitimidad.
Hoy en día, el tema de la gobernabilidad vuelve a plantear, con algunas
palabras nuevas, un antiguo problema. Se trata de una cuestión que se vuelve
dramática cuando la democracia, como ocurre en nuestros países, está
tensionada por condiciones de desigualdad y pobreza que afectan directamente
se credibilidad y eficacia.
Frente a esto, las ideas de estabilidad y orden adquieren tan rápido
prestigio que pueden llegar a resultar equiparados al concepto de
gobernabilidad.
El paradigma del orden ha sido siempre el camino más seguro para la
construcción de democracias autoritarias. Y, si por “estabilidad” se entiende la
aceptación de condiciones inhumanas para grandes sectores sociales o la falta de
futuro para las grandes mayorías, se convierte en una idea inadmisible para la
democracia misma.
Sin embargo, no hay que olvidar el punto de crucial importancia para el
actual momento histórico de América Latina: debemos aferrarnos a la lucha por
la legitimidad de las democracias. Frente a la existencia de sistemas
democráticos “subutilizados”, es necesario desarrollar al máximo sus
mecanismos. Frente a la democracia sin Estado, debemos pensar y repensar el
nuevo Estado que ella necesita. Frente a la democracia sin participación,
debemos intentar todas las formas posibles de democracia directa y fortalecer el
poder local.
Ciertamente, ello no reemplaza ni debe ocultar el problema político
principal: la construcción de una sociedad que brinde condiciones de dignidad y
libertad a cada uno de sus miembros.
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Sin embargo, hoy la lucha por la legitimidad de la democracia nos convoca
de un modo especial y nos interpela fuertemente, aun cuando la superación de la
pobreza y la opresión de grandes sectores no se vea todavía cercana. Y la
democracia se legitima también por el modo como gestiona los conflictos.
En primer lugar, es necesario abandonar una visión exclusivamente negativa
de la conflictividad social. Ella es también el modo como los grupos sociales
luchas por sus intereses, desarrollan nuevos valores y generan finalmente formas
de cooperación y solidaridad, sobre la base de asunción de intereses comunes.
Del conflicto nacen también los pactos políticos.
A través de la lectura de estos trabajos llama la atención sobre la necesidad
de enfrentar con creatividad, firmeza y amplitud el problema de la gestión y
solución de los conflictos, como un modo importante de legitimar nuestras
democracias.
Cuatro nuevas políticas están emergiendo en nuestro continente, todas ellas
vinculadas a la gestión de los conflictos. En primer lugar, nuevas políticas de
seguridad, no ya vinculadas a la ida de orden -ni siquiera a la idea de “orden
democrático”- sino más bien a las formas de constitución de la paz comunitaria
(desde las formas preventivas hasta la intervención de la fuerza pública); nuevas
políticas judiciales, vinculadas al continuo perfeccionamiento de los sistemas
judiciales, eje central del sistema social de resolución de conflictos (desde el
cual incluso lo “alternativo” tiene sentido); nuevas políticas criminales, que
procuran racionalizar y humanizar el uso de la violencia por parte del Estado,
violencia que siempre genera nuevos conflictos; y, finalmente, políticas de
derechos humanos, destinados a fortalecer los sistemas de protección del
ciudadano frente a poderes públicos siempre sometidos a la tentación de
desbordarse.
En fin: hablamos del desarrollo de un conjunto de recursos políticos
públicos que fortalezcan la capacidad de gestión de los conflictos sociales y
permitan que las propias fuerzas sociales “empujen” a estas democracias pobres
a enfrentar y dar solución al problema central de las comunidades humanas, que
es la posibilidad de desarrollar una vida digna.

Alberto M. Binder
Director Ejecutivo
INECIP
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EL CENTRO DE ESTUDIOS JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS

1. ¿QUÉ ES EL CEJA?

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es una entidad
intergubernamental autónoma, cuya misión es apoyar a los Estados de la región
en sus procesos de reforma de la Justicia. Su sede se encuentra en Santiago de
Chile y sus miembros son todos los Estados integrantes de la OEA.

Tras su creación se encuentra la convicción de que existen muy buenas razones
para afrontar las reformas a los sistemas judiciales con aproximaciones e
instrumentos que excedan los puramente nacionales.

Existe además la certeza regional de que la justicia es un componente esencial
tanto de la democracia como del desarrollo económico y social de los países. Sin
embargo, muchos de los sistemas de justicia en la región aún no logran satisfacer
las expectativas puestas en ellos, pese a los esfuerzos de modernización
emprendidos en los últimos años.

Es misión del CEJA dar un nuevo impulso a ese proceso de Reformas, a la par de
utilizar las sinergias que el trabajo regional puede generar en este sector.

2. ¿CÓMO NACE EL CENTRO?

Nace en 1999, por resolución de la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), en cumplimiento de los mandatos contenidos en el
Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, abril de 1998), y
las recomendaciones adoptadas en las Reuniones de Ministros de Justicia
(REMJA). En ellas se enfatizó la necesidad de incorporar el fortalecimiento del
sistema judicial y administración de justicia como tópico relevante para la
gobernabilidad y desarrollo económico de los países.

En noviembre del año 1999, la Asamblea General de la OEA aprobó el Estatuto
del CEJA mediante la resolución AG/RES.1 (XXVI-E/99). En la primera reunión del
Consejo Directivo, en el año 2000, luego de estudiar las propuestas presentadas,
se recomendó que la sede del Centro se encontrara en Chile, anexo al Centro de
Desarrollo Jurídico (CDJ/CPU), decisión que fue ratificada en la III REMJA.

3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

El CEJA, según sus estatutos, se aboca a facilitar el perfeccionamiento de los
recursos humanos; facilitar el intercambio de información y otras formas de
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cooperación técnica; y facilitar el apoyo a los procesos de reforma y
modernización de los sistemas de justicia de América.

Para ello, el CEJA busca aumentar la cantidad y la calidad de la información
sobre el funcionamiento de los Sistemas Judiciales y los procesos de Reforma de
Justicia. Persigue elevar el profesionalismo y la capacidad técnica en esta área,
generando una comunidad entre las personas e instituciones interesadas en el
sector justicia. Adicionalmente, espera enriquecer el enfoque jurídico con la
perspectiva y los instrumentos propios de las políticas públicas y busca
intercambiar conocimientos y experiencias entre países con tradiciones jurídicas
e institucionales de tipo anglosajón y aquellos de raigambre europeo-continental.

En consonancia con tales objetivos, el Centro elabora y mantiene un Centro de
Información sobre el funcionamiento del sector judicial; realiza estudios,
especialmente de seguimiento de procesos de reforma en la región; desarrolla
actividades de capacitación, y brinda asistencia técnica a los países miembros.

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL TRABAJO DEL CENTRO

El Centro desarrolla su trabajo con y en beneficio de las diversas instituciones
vinculadas al sector justicia: Poderes Judiciales, Consejos de la Judicatura,
Ministerios Públicos, Tribunales Constitucionales, Defensorías Públicas, etc. Con
todas ellas suscribe acuerdos de cooperación para conformar una red de trabajo.

Igualmente, el Centro administra una red regional de instituciones privadas
interesadas en el tema justicia, la que incluye diversos tipos de ONGs e
instituciones de carácter académico.

5. CÓMO VINCULARSE.

Los observadores permanentes de la OEA y cualquier organización nacional o
internacional, gubernamental o no gubernamental, especializada en la materia,
pueda constituirse en miembro asociado del Centro, con derecho a participar en
todas sus actividades y reuniones del Consejo Directivo.

Para mayor información acerca de las reglas de asociación, consulte los Estatutos
y Reglamentos de CEJA en nuestro sitio web: www.cejamericas.org

6. CONSEJO DIRECTIVO
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EL CEJA cuenta con un Consejo Directivo, cuya tarea es definir las estrategias y
políticas de la institución y aprobar anualmente el plan de trabajo que, de
acuerdo a las directrices de la REMJA, presente el Director Ejecutivo. Lo integran
siete miembros cuyo mandato dura tres años. Son escogidos por la Asamblea
General de la OEA a título personal.

Actualmente está integrado por las siguientes personas:

• Mónica Nagel, Costa Rica,
• Douglas Cassel, Estados Unidos,
• Soledad Alvear, Chile,
• Raphael Carl Rattray, Jamaica,
• José Ovalle, México,
• Karl Hudson-Philips, Trinidad y Tobago,
• Federico Callizo, Paraguay.

7. EQUIPO PROFESIONAL

STAFF PERMANENTE:

Director Ejecutivo: Juan Enrique Vargas
Directora de proyectos: Luciana Sánchez
Secretario Consejo Directivo: Francisco Cruz

COORDINADORES DE PROYECTOS:

Coordinador proyecto
Seguimiento Reformas Judiciales: Cristián Riego

8. CONSEJO EDITORIAL DE SISTEMAS JUDICIALES

La Revista Sistemas Judiciales ha conformado un Consejo Editorial integrado por
un grupo de personas con amplia trayectoria y reconocimiento en el diseño y
ejecución de políticas públicas judiciales a nivel regional.

Este Consejo tiene la importante función de definir las pautas temáticas y la
orientación general de la revista, así como allegar artículos y materiales para su
publicación y, a la vez, hacer el control de calidad de los mismos.
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La calidad de sus integrantes y el medio en que cada uno de ellos se desempeña
profesionalmente, los constituye también en un excelente foro para dar a
conocer y discutir las perspectivas con que se están afrontando, y se asumirán en
el futuro, las reformas al sector judicial. Por ello, en adelante encontrarán
publicados en la Revista los resultados de los debates que, sobre estos tópicos, se
lleven a cabo con ocasión de las reuniones periódicas del Consejo.

Sus miembros son:

Biebesheimer, Christina Estadounidense, Abogada cum laude de la Facultad
de Derecho de Harvard. Desde 1994 se desempeña
como Especialista principal en la División de
Modernización del Estado, Gobernabilidad y Sociedad
Civil del Banco Interamericano de Desarrollo. Autora
de libros y trabajos sobre la reforma de la justicia en
América Latina. También se ha desempeñado como
docente e investigadora en varias universidades e
institutos de su país.

Bielsa, Rafael Argentino, especialista en Informática aplicada al
Derecho y en programas al servicio de reforma de la
Justicia. Asesor de los gobiernos de Bolivia, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México.
Autor de diez libros y un centenar de trabajos en
temas de su especialidad. Director General del
Proyecto de Asistencia Técnica en la Organización de
un Modelo de Poder Judicial para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Ciudad Autónoma-PNUD).
Actual Síndico General de la Nación. Especialista
sectorial en sistemas judiciales dentro del Programa
Nacional de Desarrollo Humano (Senado de la Nación
Argentina-Comisión de Ecología y de Desarrollo
Humano- y Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo -PNUD-). Coordinador Técnico de la Obra
de la Convención Nacional Constituyente Argentina
de 1994.

Blanco, Rafael Chileno, asesor en diversas reformas al proceso penal
en América Latina. Profesor de varias universidades
como la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad
Católica, en Chile. Actualmente se desempeña
además como asesor legislativo del Proyecto de
Reformas al Proceso Penal en Chile.
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Cordovéz, Carlos Ecuatoriano, Abogado y Periodista. Especialista de la
División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil
del Banco Interamericano de Desarrollo del
Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS/SGC).
Editor del libro: "La Justicia más allá de nuestras
fronteras", Banco Interamericano de Desarrollo,
1999. Editor del libro: "Justicia y Desarrollo en
América Latina y el Caribe", Banco Interamericano
de Desarrollo, 1993.

Dakolias, María Estadounidense, Consejera Senior del Departamento
Legal del Banco Mundial. Ha trabajado en el Banco
Mundial desde 1992, en diversos programas de
asistencia legal y reforma judicial en diversas partes
del mundo. Autora de numerosas publicaciones, en
especial sobre reforma judicial y corrupción.

Ellie, Florence Haitiana, Defensora del Pueblo Adjunta.
Coordinadora de la preparación del Proceso por la
Masacre de Raboteau, (nov.1997-nov.2000).
Coordinadora de la Comisión Preparatoria de la
Reforma del Derecho y la Justicia (97/99). Consejera
del Ministerio de Justicia de Haití.

Fix Zamudio, Héctor Mexicano, abogado ex Director del Instituto de
Investigación Jurídicas de la Universidad Autónoma
de México. Ex Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Investigador Emérito del
Sistema Nacional de Investigadores de México. Autor
de varios libros y numerosos artículos sobre derecho
procesal, constitucional y comparado, publicados en
revistas especializadas de México y el extranjero.

Fuentes, Alfredo Colombiano, Doctor en Derecho. Actualmente se
desempeña como Decano de Derecho de la
Universidad Los Andes. Desempeña varios cargos
honoríficos, entre ellos, es Director de la
Corporación Latinoamericana de Economía
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Internacional y miembro del Consejo Académico de
la Universidad de los Andes.

Hammergren, Linn Estadounidense. Doctora en Ciencias Políticas de la
Universidad de Wisconsin. Especialista Senior en
Sector Público para el Departamento Regional sobre
América Latina del Banco Mundial. Administradora y
Directora de diversos proyectos para USAID en Perú,
El Salvador y Costa Rica. Sus publicaciones recientes
incluyen cuatro manuales acerca de las lecciones
aprendidas sobre los Programas de Reforma Judicial
en América Latina.

Maier, Julio Argentino, Juez del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor en
Derecho y Ciencias Sociales. Titular de Cátedra en
Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de
Buenos Aires. Autor de numerosas publicaciones y
del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica.

Mora Mora, Luis Paulino Costarricense, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica. Doctor en Derecho. Premio
Fernando Baudrit Solera como miembro de la Comisión
de Modernización del Poder Judicial. Colegio de
Abogados, 1997. Profesor de numerosas universidades,
entre ellas, la Escuela Libre de Derecho y la
Universidad Autónoma para Centroamérica. Ex
presidente de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica. Autor de diversos
libros y numerosos artículos sobre la problemática
del Derecho Penal y los Derechos Humanos.

Moreno Ocampo, Luis Argentino, Ex Fiscal, tuvo un rol relevante en el
Juicio a las Juntas Militares en Argentina. Co-
fundador de la Fundación Poder Ciudadano, miembro
el Comité Asesor de Transparencia Internacional, y
presidente de esta organización para América Latina
y el Caribe. Consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo y de las Naciones Unidas, entre otros.
Autor de numerosas publicaciones. Profesor Adjunto
de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y