Materia Arbitrable y Cláusula Arbitral

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Materia Arbitrable y Cláusula Arbitral

El conflicto es usual en la vida social. De ahí que una sociedad civilizada, lejos
de buscar evitar el conflicto, procura idear formas de resolverlo.

La jurisdicción surge, en principio, para atender aquellos conflictos que no
pueden ser resueltos por las mismas partes, y que afectan intereses jurídicamente
relevantes. Busca retornar al orden jurídico puesto en riesgo por quienes
incumplen alguna norma preestablecida.

No obstante, dadas las dificultades de obtener respuesta del sistema jurisdiccional
clásico, dificultades que incluyen altos costos, demoras injustificadas, y otras, se
ha procurado la resolución de conflictos en forma alternativa.

En Costa Rica, con la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de
la Paz Social, número 7727, publicada a partir del 23 de julio de 1998, se ha
procurado otorgar una mejor regulación, a la conciliación, la mediación y el
arbitraje. En lo que respecta al arbitraje, la mayor parte de la normativa incluida
en el Código Procesal Civil fue derogada, procurando una alternativa de justicia
en su mayoría institucional, sea desjudicializada.
Ya la Constitución Política establecía en su artículo 43 el derecho de toda persona
de acudir voluntariamente al proceso arbitral, como opción paralela al derecho de
acudir ante los Tribunales de Justicia.

La presente monografía se limita a desarrollar algunos aspectos del arbitraje,
entendido como aquella forma extrajudicial de resolver un conflicto entre dos o
más personas, quienes acuerdan la intervención de un tercero quien va a resolver
la controversia. Concretamente, se analizará de seguido cuál es concretamente
la materia arbitrable, y los diversos aspectos que regulan las cláusulas arbitrales.

Se utilizará con ese fin, la técnica de análisis documental, incluyendo la revisión
de la Ley 7727, y haciendo mención de algunos fallos relevantes de la Sala
Primera de la Corte, y la Sala Constitucional.

El trabajó se separará en dos capítulos, siendo que en el primero de ellos se
establecerá la materia arbitrable, y por ende, cuál es la materia excluida del
arbitraje, exponiendo los argumentos legales pertinentes. En el segundo
capítulo, se analizará el acuerdo arbitral en general, su concepto, tipos, efectos,
presupuestos, contenido y formalidades.
1. MATERIA ARBITRABLE.

1.1. Concepto de Arbitraje.

El arbitraje es una vía alterna para la resolución de un conflicto entre dos o
más personas, a través de un tercero imparcial. Supone la existencia de un
acuerdo de voluntades entre las partes. Así, el artículo 43 de la Constitución
Política previó el derecho de toda persona a acudir en forma voluntaria al
proceso arbitral a fin de resolver sus diferencias de carácter patrimonial.

Establece esa norma constitucional, no sólo el derecho de terminar las
diferencias patrimoniales por medio de árbitros, sino también que ello puede
procurarse aún habiendo litigio pendiente.

ORTELLS RAMOS define el arbitraje como una institución
heterocompositiva, conforme a la cual interviene un tercero -uno o varios
árbitros- para imponer la solución del conflicto a las partes. Agrega que al
igual que en un proceso judicial, las partes deben encontrarse en un plano de
igualdad. Una vez que las partes se someten voluntariamente al arbitraje, se
obligan a aceptar la decisión que tome el árbitro1.

ALVARADO VELLOSO lo define a su vez como un modo de
heterocomposición de conflictos que opera como resultado respecto de ellos
y al cual se llega exclusivamente si media, al menos, un principio de
autocomposición de los propios interesados, mediante el cual aceptan plantear
su litigio al árbitro, y eventualmente, acatar su decisión2.

En el ámbito nacional, la Sala Primera de la Corte, ha definido el arbitraje
como:
“…un proceso heterocompositivo en la medida en que la
decisión dirimente del conflicto es impuesta por un tercero,
pero participa también de las características propias de la
autocomposición, porque son las mismas partes, a través del
acuerdo arbitral, las que convienen la integración del órgano,
determinan sus facultades, incluso eventualmente señalan el
procedimiento a seguir, y aceptan someterse a la decisión
arbitral…”3

1 ORTELLS RAMOS (Manuel) Derecho Procesal Civil. Navarra, Editorial Aranzadi, 2001. Pág. 72.
2 ALVARADO VELLOSO (Adolfo) citado por CAIVANO (Roque J.) Arbitraje. Buenos Aires, Editor
Villela, 2da edición, 2000. Págs. 48 y 49.
3 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 475 de las 14 horas 40 minutos del 27
de junio del 2001.
El arbitraje tiene la particularidad de que permite al árbitro declarar el
derecho o solución aplicable al caso concreto, pero para ejecutar
forzosamente el laudo, le impone la necesidad de buscar el auxilio de la
jurisdicción común. Procesalmente se define esta situación como la falta de
imperium que caracteriza a los árbitros.

Al respecto, CAIVANO señala que los árbitros adquieren una jurisdicción
limitada, no sólo en la materia, sino también en el tiempo, porque sus
facultades se limitan a los asuntos para los cuales fueron nombrados (el Juez
ordinario, por el contrario no tiene más limitaciones que las que imponen las
normas que atribuyen su competencia); y porque se les concede un plazo para
laudar, cuyo vencimiento trae aparejado la extinción de la jurisdicción4.

Sobre la naturaleza del arbitraje en general, la Sala Constitucional dictó un
importante fallo en el año dos mil, donde definió ésta como jurisdiccional:

“…Para la Sala la naturaleza del arbitraje es jurisdiccional,
puesto que es un proceso que emana directamente de la
Constitución Política, como un medio idóneo y alterno para

4 CAIVANO (Roque J.) Arbitraje citado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina.
Comentarios al artículo 2687. Pág. 396.
que las personas terminen sus diferencias patrimoniales, cuyas
decisiones finales tienen las características y la misma fuerza
de la cosa juzgada material, puesto que los laudos son
obligatorios para las partes y ejecutorios por los medios
procesales comunes e imperativos…5”

1.2 Materia arbitrable.

La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz
Social, número 7727, en adelante Ley RAC, establece en sus artículos 2 y 18,
cuál es la materia arbitrable. Expone el numeral 2 que el arbitraje es una,
entre varias, soluciones para resolver diferencias patrimoniales de naturaleza
disponible. De igual manera, el numeral 18 reitera la anterior disposición
con una definición más amplia:

“…Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden
patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los
tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los
cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir
la jurisdicción de los tribunales comunes…”6

5 Sala Constitucional. Voto número 10352 de las 14 horas 58 minutos del 22 de noviembre del 2000.
6 Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. San José, Editec Editores, 2002.
Como se observa, la Ley RAC no establece una lista de materias no
arbitrables, sino un concepto general con las características que debe tener el
objeto del arbitraje. A nivel nacional, se ha interpretado que una materia
disponible es aquella que se encuentra dentro del comercio de los hombres,
cuando los sujetos tienen respecto de ella poder de disposición. Se entiende
que cuando hay un interés exclusivamente privado, rige la autonomía de la
voluntad. Además, se ha establecido que la indisponibilidad tiene dos
maneras de manifestarse; a nivel normativo cuando el legislador enumera las
exclusiones, y en el plano práctico, referido a la imposibilidad del sujeto de
ejercer ciertos derechos7.

Un asunto es “patrimonial” cuando se refiere a bienes o intereses que
pueden ser valorados económicamente, cuya trascendencia puede ser medida
materialmente. De hecho, el Diccionario de la Real Academia define el
“patrimonio” como el “…Conjunto de bienes pertenecientes a una
persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de valoración
económica…8”

7 ARTAVIA BARRANTES (Sergio) Comentarios a la Ley de Arbitraje y Jurisprudencia Arbitral. San
José, Editorial Dupas, 2003. Pág. 25.
8 Diccionario de la Real Academia Española. Tomo II, Madrid, Editorial Espasa Calpe S.A., vigésima
primera edición, 1992. Pág.1550.
La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte ha reiterado esa limitación
al objeto del arbitraje, estableciendo que únicamente se puede acudir a esta
solución cuando se trate de materia patrimonial disponible; es decir,
tratándose de conflicto de intereses de carácter patrimonial en los cuales las
partes tengan plena disposición sobre los derechos discutidos. Ha ampliado
la Sala, que lo anterior se aplica a la Administración Pública (central o no), y
que no puede ser objeto de arbitraje, el ejercicio de potestades de imperio o
deberes públicos, los cuales cataloga de indelegables, irrenunciables e
imprescriptibles. Lo anterior en razón de que no se trata de materia
patrimonial disponible, y además entra en juego el interés público.9

La doctrina informa que la posibilidad del arbitraje se encuentra limitada a
las materias de derecho privado, sobre las cuales las partes tengan facultad de
disposición; y por ese motivo autores como ORTELLS RAMOS no admiten
el arbitraje en el ámbito del Derecho Penal.

En Argentina, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone
en forma expresa que no podrán someterse a arbitraje, bajo pena de nulidad,
las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción10.

9 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 210 de las 15 horas del 9 de marzo del 2001.
10 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Libro Sexto. Artículo 2689. Buenos Aires, Argentina.
En España, el arbitraje se regula actualmente por medio de la ley número
60 del 23 de diciembre del 2003, la cual vino a derogar la Ley 36 del 5 de
diciembre de 1988.
El artículo 2 de la nueva ley regula las materias objeto de arbitraje sobre la
base del criterio de la libre disposición, como hacía la ley anterior. Sin
embargo, se considera innecesario que esta nueva ley contenga un elenco,
ejemplificativo, de materias que no son de libre disposición. Los españoles
estiman que basta con establecer que la arbitrabilidad de una controversia
coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son
cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles. Aclaran en la exposición de
motivos de la ley actual, que es concebible que por razones de política jurídica
haya o pueda haber cuestiones que sean disponibles para las partes y respecto
de las que se quiera excluir o limitar su carácter arbitrable. Pero ello excede
del ámbito de una regulación general del arbitraje y puede ser objeto, en su
caso, de disposiciones específicas en otros textos legales.
Respecto de las materias objeto de arbitraje se introduce también la regla,
para el arbitraje internacional, de que los Estados y entes dependientes de
ellos no puedan hacer valer las prerrogativas de su ordenamiento jurídico. Se
pretende con ello que, a estos efectos, el Estado sea tratado exactamente igual
que un particular.
La relevancia de comprender con claridad qué materias pueden someterse
a arbitraje y cuales no, es tal, que puede determinar la validez del laudo. Así,
el artículo 67 de la Ley 7722 dispone como causal de nulidad de éste, el
haberse sometido a arbitraje una cuestión que, por su naturaleza no era
susceptible de ello; por incompetencia o por violación a normas imperativas o
de orden público.

Ejemplo de lo anterior fue un caso conocido por la Sala Primera de la
Corte, en el 2001, donde fue acogido el recurso de nulidad en contra de un
laudo. En ese fallo se dispuso que el ejercicio de potestades de imperio o
deberes públicos, no pueden ser objeto de compromiso arbitral11.

Ahora bien, nada impide que los árbitros resuelvan el conflicto en relación
con aspectos arbitrables, y se declaren incompetentes en cuanto a los que no
lo son. Así lo dispuso la Sala Primera en un asunto fallado en el año dos mil
tres12. Si ese laudo es atacado de nulidad, lo procedente es denegar el
recurso, salvo que se hayan invadido cuestiones reservadas a la jurisdicción
común; pero siempre es factible anular sólo parcialmente el laudo13.

11 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 210 de las 14 horas 40 minutos del 27
de junio del 2001.
12 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 47-f-03 de las 9 horas 47 minutos del
31 de enero del 2003.
13 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 205-f-03 de las 14 horas 40 minutos
del 9 de abril del 2003.