La nacionalidad en el derecho internacional americano Nationality in American International Law

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La nacionalidad en el derecho internacional
americano
Nationality in American International Law
Fernando Arlettaz*
sumario: I. Introducción. II. Instrumentos del ámbito universal en los
que son parte los Estados americanos. III. La Declaración Americana y la
Convención Americana. IV. La interpretación de la Corte y de la Comisión
interamericanas. V. Instrumento específico del ámbito americano. VI. Con-
clusiones. VII. Bibliografía y jurisprudencia.
* Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad de Zaragoza
(España); investigador del Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza.
Docente-investigador de la Universidad San Gil (Colombia). Este trabajo se enmarca dentro
del proyecto de investigación “Extranjeros y migrantes en el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos” (Grupo de Estudios Constitucionales, Universidad San Gil).
Artículo recibido el 5 de julio de 2014
Aprobado para publicación el 24 de septiembre de 2014
D. R. © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XV, 2015, pp. 413-447
México, D. F., ISSN 1870-4654
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resumen: El derecho internacional americano, en especial el contenido en instrumentos de
derechos humanos, reconoce ciertos derechos de los individuos en relación con la nacionali-
dad. Este artículo estudia estos derechos desde la perspectiva de los precedentes de la Corte y
la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos. Se refiere también a otros instrumentos,
del ámbito universal, que están vigentes en los Estados americanos.
Palabras clave: nacionalidad, sistema interamericano, Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
abstract: American International Law, in particular Human Rights instruments, refers to
certain rights of individuals in relation to nationality. This article examines these rights from
Z
TA the perspective of the precedents of the Inter-American Court and the Inter-American Com-
T
LE mission on Human Rights. It also mentions other instruments, from the universal level, that
R
O A are in force in the American states.
D
N Key words: nationality, Inter-American system, American Convention on Human Rights,
A
N American Declaration on the Rights and Duties of Man.
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F
résumé: Le Droit International Américain, en particulier dans ses instruments relatifs aux
Droits de l’Homme, se réfère à certains droits de l’individu en rapport à la nationalité. Cet
article étudie ces droits à partir des précédents de la Cour et de la Commission Interamé-
ricaines de Droits de l’Homme. Il mentionne également d’autres instruments, du niveau
universel, qui sont en vigueur dans les États américains.
Mots-clés: nationalité, système interaméricain, Convention Américaine sur les Droits de
l’Homme, Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme.
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I. introducción
La nacionalidad es un vínculo legal entre una persona y un Estado.1 De
acuerdo con la definición de la Corte Internacional de Justicia en el caso
Nottebohm, “según la práctica de los Estados, las decisiones arbitrales y
las opiniones doctrinales, la nacionalidad es un vínculo jurídico basado en
un hecho social de conexión, en una efectividad solidaria de existencia de
intereses y sentimientos, unido a una reciprocidad de derechos y deberes”.2
La nacionalidad sigue siendo uno de los elementos fundamentales para
la definición del Estado. Si el territorio determina los límites geográficos
de la soberanía estatal, la nacionalidad determina sus límites humanos.
Más allá de estos límites hay territorio extranjero, soberanía extranjera y O
N
extranjeros.3 CA
RI
La nacionalidad ha sido tradicionalmente concebida como un atributo ME
A
adquirido por el individuo a partir del ejercicio de una potestad estatal. Por L
A
N
ello, es un criterio generalmente aceptado en derecho internacional que O
CI
corresponde a cada Estado determinar quiénes son sus nacionales. Múlti- NA
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ples pronunciamientos de instancias internacionales, así como los estudios TE
N
doctrinarios clásicos en el campo, coinciden en este punto.4 O I
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E
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1 De Groot, Gerard-Rene, “Nationality Law”, en Smits, Jan (ed.), Elgar Encyclopedia of D
L
Comparative Law, The Netherlands, Edward Elgar Publishing, 2006, p. 476. N E
E
2 Corte Internacional de Justicia (CIJ), Affaire Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), Deu- D
A
xième phase: arrêt, Recueil, 1955, p. 23. D
LI
A
3 Weil, Patrick, “Access to Citizenship: a Comparison of Twenty Five Nationality Laws”, N
O
en Aleinikoff, T. Alexander y Klusmeyer, Douglas (eds.), Citizenship Today: Global Perspectives CI
A
and Practices, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, 2007, p. 17. N
A
4 Este es el criterio que aparece en la jurisprudencia internacional: ha sido mencionado L
por la CPJI, Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, Ser. B, núm.. 4, 1923, p.
24. CPJI, Questions de l’acquisition de la nationalité polonaise, Ser. B, núm. 7, 1924, p. 16; CPJI,
Échange des populations grecques et turques, Ser. B, núm. 10, 1925, pp. 21-23. En el ya
nombrado caso Nottebohm la Corte Internacional de Justicia se expidió en idéntico sentido:
CIJ, Affaire Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), cit., p. 20. El mismo criterio aparece en nor-
mas convencionales, como el artículo 1 de la Convención de La Haya de 12 de abril de 1930
relativa a los conflictos de nacionalidad. Ver también, entre muchos otros, los estudios clási-
cos de: Balladore-Pallieri, Giorgio, La natura giuridica internazionale della potestà dello stato sugli
individui, Torino, Instituto Giuridico de la R. Università, 1932; Makarov, Alexander, “Règles
du droit de la nationalité”, Recueil des Cours, núm. 74, 1949, pp. 273 y ss.; Perrin, Georges,
“Les conditions de validité de la nationalité en Droit International Public”, Recueil d’Études de
Droit International en Hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, pp. 853-888; Van Panhuys,
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La evolución del derecho internacional ha llevado a que esta concepción
estatalista, sin desaparecer totalmente, se vea sin embargo limitada por la
normativa de derechos humanos.5 Hoy, el reconocimiento de la nacionali-
dad no depende de la pura discrecionalidad estatal: se reconoce el derecho
del individuo a tener una nacionalidad. Este derecho puede llevar, en algu-
nos casos, al deber correlativo de algún o algunos Estados de otorgar esa
nacionalidad. La discrecionalidad del Estado debe ser ejercitada de acuerdo
con sus deberes frente a las personas sujetas a su jurisdicción.6
En este trabajo nos proponemos estudiar la normativa que resulta de
aplicación, en el ámbito interamericano, en relación con el derecho a la na-
cionalidad. En el apartado número II nos ocuparemos de los instrumentos
de derechos humanos del ámbito universal que resultan de aplicación en
América. En el apartado III mencionaremos las normas que existen en los
instrumentos del ámbito interamericano. En el apartado IV nos concen-
traremos en los precedentes de la Comisión y de la Corte Interamericanas
de Derechos Humanos. Finalmente mencionaremos, en el apartado V, un
tratado americano específico sobre la nacionalidad.
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O A II. instrumentos del ámbito universal
ND en los que son Parte los estados americanos
A
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El primer instrumento que debe ser mencionado es la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 15 establece: “1. Toda persona
H. F., The Role of Nationality in International Law: an Outline, Leyden, Sijthoff, 1969; Corriente,
José Antonio, “La nacionalidad de las personas físicas ante el derecho internacional”, Anuario
de Derecho Internacional, núm. I, 1974, pp. 273 y ss.; Weiss, Paul, Nationality and Statelessness
in International Law, The Netherlans, Sijthoff and Noordhoff International Publishers, 1979.
5 Corte IDH, Propuesta de modificación a la constitución política de Costa Rica rela-
cionada con la naturalización (opinión consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984, serie
A, núm. 4, párr. 32; Corte IDH, Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana,
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C, núm. 130, sentencia del 8
de septiembre de 2005, párr. 140; Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, fondo,
reparaciones y costas, serie C, núm. 52, sentencia del 30 de mayo de 1999, párr. 101; Corte
IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, fondo, reparaciones y costas, serie c, núm. 74, sentencia
de 6 de febrero de 2001, párr. 88.
6 Feria Tinta, Mónica, The Landmark Rulings of the Inter-American Court of Human Rights on the
Rights of the Child, The Netherlands, Martinus Nijhoff, 2008, p. 223.
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tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de
su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. Se ha discutido
mucho acerca de cuál es el valor jurídico de la Declaración.7 Tratándose
de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y no de un
tratado internacional, su fuerza vinculante no puede asimilarse a la de esta
última categoría. Sin embargo, no se puede dudar de que ella posee un
enorme peso moral. Los treinta y cinco Estados americanos son parte en la
Organización de las Naciones Unidas y se hallan, por lo tanto, en la órbita
de la Declaración.8
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también mencio-
na el derecho a la nacionalidad, aunque solo en relación con la infancia.
Según su artículo 24.3: “Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionali-
dad”. Treinta y dos Estados americanos son parte en el Pacto.9 NO
A
Del mismo modo, el artículo 7o. de la Convención sobre los Derechos RIC
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del Niño dispone: “1. El niño será inscripto inmediatamente después de su M
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nacimiento y tendrá derecho desde que nace a... adquirir una nacionali- A
N
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dad...”. Treinta y tres Estados americanos son parte en este tratado.10 CI
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El mayor inconveniente que presentan estos instrumentos en lo relativo R
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al derecho a la nacionalidad es que realizan una consagración puramente N
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abstracta del derecho, sin determinar qué Estado está obligado a otorgar la H
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nacionalidad. En efecto, realizan una afirmación general según la cual toda ER
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7 Véase Acosta-López, Juana Inés y Duque Vallejo, Ana María, “Declaración Universal de E
D
Derechos Humanos: ¿norma de ius cogens?”, International Law: Revista Colombiana de Derecho A
D
Internacional, núm. 12, 2008, pp. 13-34. ALI
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8 Son miembros de la Organización: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, O
CI
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El A
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Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, A
L
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía,
San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
9 Son parte en el Pacto: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uru-
guay, Venezuela. Santa Lucía lo ha firmado pero todavía no es parte.
10 Son parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Gua-
temala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Venezuela. Estados Unidos lo ha firmado pero no lo ha ratificado.
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persona o todo niño tiene derecho a la nacionalidad, pero no indican a qué
nacionalidad concreta tienen derecho. Esta afirmación genérica resulta di-
fícil de casar con el principio según el cual cada Estado puede determinar a
quiénes reconoce como sus nacionales.
En este sentido, al hablar del derecho a la nacionalidad deben mencio-
narse dos aspectos diferentes que, aunque están relacionados entre sí, son
conceptualmente distintos.11 En primer lugar, el derecho a tener una nacio-
nalidad en abstracto, es decir, el derecho a tener una nacionalidad simple-
mente, y no el derecho a tener esta o aquella nacionalidad concreta. Es lo
que podríamos llamar el derecho genérico a la nacionalidad. Es éste el que se
encuentra reconocido en los tres instrumentos mencionados al comienzo
de este apartado.
En segundo lugar, el derecho a tener una nacionalidad determinada y
concreta, reconocido en otros instrumentos internacionales. Se trata de
disposiciones que imponen a los Estados el deber de otorgar su nacionali-
dad a determinadas personas. Es lo que podríamos llamar el derecho concreto
a una determinada nacionalidad.
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A El derecho genérico a la nacionalidad tiene un correlato imperfecto del lado
T
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L de los deberes del Estado. En efecto, el derecho a tener una nacionalidad no
R
A
O implica un correlativo deber del Estado de otorgar su nacionalidad a todo ser hu-
D
N
A mano, ni siquiera un deber del Estado de otorgar su nacionalidad a todo ser
N
R
E humano que de otro modo se vería en situación de apatridia. Sin embargo, como
F
veremos más abajo, el derecho genérico a tener una nacionalidad puede
implicar ciertas obligaciones para el Estado, particularmente en relación
con la apatridia.
El derecho concreto a una nacionalidad aparece en algunos tratados espe-
cíficos relativos a la nacionalidad, como la Convención sobre la Reducción
de los Casos de Apatridia (Nueva York, 1961). Este instrumento establece
en su artículo 1.1: “Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a
la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida”. Igual-
mente, el artículo 4.1 dispone: “Todo Estado contratante concederá su na-
cionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio de un Estado
contratante y que de otro modo sería apátrida si en el momento del naci-
11 O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, México, Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012, p. 600.
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miento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del primero
de esos Estados”. Siete Estados americanos son parte en esta Convención.12
Hasta aquí hemos hablado del derecho a tener una nacionalidad. Ahora
bien, la Declaración Universal, junto al derecho a tener una nacionalidad,
menciona otros dos: el derecho a no ser privado arbitrariamente de la na-
cionalidad que ya se posee y el derecho a cambiar esa nacionalidad.
El derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad está re-
lacionado con el derecho a tener una nacionalidad, pero no se confunde
totalmente con él. En efecto, podría haber una privación arbitraria de na-
cionalidad que no dejara al individuo en situación de apatridia (por ejem-
plo, porque se tratara de un individuo con doble nacionalidad que solo
fuera privado de una de ellas). Habría en este caso violación del segundo
derecho, pero no del primero. O
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En un estudio comparativo, De Groot13 indica que existen dos modos de RIC
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perder la nacionalidad: 1) en forma automática en razón de una disposición M
A
general que priva ex lege de la nacionalidad a todos aquellos que se encuen- AL
N
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tran en una determinada situación; 2) en razón de un acto concreto de la CI
A
autoridad que se refiere a la situación de una persona particular. La Decla- N
R
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ración Universal usa la expresión privación de nacionalidad en un sentido que NT
O I
comprende los dos modos.14 H
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El derecho de la persona a no ser privada de su nacionalidad no es un R
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D
derecho absoluto.15 La Declaración Universal solo prohíbe la privación de EL
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nacionalidad que sea arbitraria. El Estado podría entonces privar a una per- E
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sona de su nacionalidad, siempre que lo hiciera de modo no arbitrario. D
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Según lo ha sostenido el secretario general en el informe presentado a N
O
solicitud del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,16 la ACI
N
privación de nacionalidad debe hacerse de conformidad con el derecho in- A
L
terno y respetando los estándares mínimos del derecho internacional. Los
estándares internacionales referidos están vinculados a la existencia de una
12 Son parte: Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguay. República
Dominicana la ha firmado pero no es parte.
13 De Groot, Gerard-René, “Survey on Rules on Loss of Nationality in International Trea-
ties and Case Law”, CEPS Papers on Liberty and Security in Europe, núm. 57, 2013, pp. 1 y 2.
14 Ibidem, p. 2.
15 O’Donnell, Daniel, Derecho internacional de los derechos humanos, cit., p. 603.
16 Secretario General de las Naciones Unidas, Human Rights and Arbitrary Deprivation of
Nationality, 14 de diciembre de 2009, A/HRC/13/34, párr. 24-25.
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finalidad compatible con los derechos humanos y de una relación de pro-
porcionalidad entre la medida de privación de nacionalidad y esa finalidad.
Respecto del derecho a cambiar de nacionalidad, dos aclaraciones son
necesarias. La primera es que, al igual que el derecho a no ser privado de la
nacionalidad, no es un derecho absoluto; en efecto, lo que la Declaración
Universal prohíbe es privar a alguien de modo arbitrario de la posibilidad de
cambiar de nacionalidad.
La segunda aclaración es que dado que no hay un derecho a obtener una
nacionalidad determinada (salvo en algunos supuestos concretos como los
establecidos, por ejemplo, en la Convención sobre la Reducción de los Ca-
sos de Apatridia), el derecho a cambiar de nacionalidad no debe interpre-
tarse como el derecho a obtener una determinada nacionalidad, sino como
el derecho a que no se pongan obstáculos a la obtención de una nacionali-
dad cuando exista un Estado que esté dispuesto a darla.17
La Declaración Universal (artículo 2o.), el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos (artículo 2o.) y la Convención de Derechos del
Niño (artículo 2o.) establecen que los derechos en ellos reconocidos han
Z
A de ser garantizados sin discriminación. Esta obligación aparece repetida, en
T
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LE relación con la discriminación racial y con expresa mención del derecho a
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A
O la nacionalidad, en el artículo 5o. de la Convención para la Eliminación de
D
AN Todas las Formas de Discriminación Racial, que establece:
N
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En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de
la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar
la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda per-
sona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o ét-
nico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: ... d) Otros derechos
civiles, en particular: ... iii) El derecho a una nacionalidad...
Treinta y dos Estados americanos son parte en esta Convención.18
17 O’Donnell, Daniel, Derecho internacional de los derechos humanos, cit., p. 606.
18 Son parte en la Convención: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam, Estados Uni-
dos, Uruguay, Venezuela.
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Igualmente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer contiene un artículo específico relativo a la no
discriminación de la mujer en materia de nacionalidad. Según el artículo 9o.:
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres
para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular,
que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido
durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa,
la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2.
Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con
respecto a la nacionalidad de sus hijos.
La casi totalidad de los Estados independientes de América es parte en esta O
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A
Convención. Solo Estados Unidos (que la ha firmado pero no la ha ratifica- C
RI
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do) no es parte.19 M
A
Algo parecido establecen los dos primeros artículos de la Convención AL
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sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (Nueva York, 1957). En virtud CI
A
del artículo 1o.: “Los Estados contratantes convienen en que ni la cele- N
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bración ni la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros, NT
O I
ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio, podrán H
C
E
afectar automáticamente a la nacionalidad de la mujer”. Según el artículo R
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2o.: “Los Estados contratantes convienen en que el hecho de que uno de L
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N
sus nacionales adquiera voluntariamente la nacionalidad de otro Estado o E
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A
el de que renuncie a su nacionalidad, no impedirá que la cónyuge conserve D
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la nacionalidad que posee”. El derecho de naturalización preferente está N
O
reconocido en el artículo 3o. de esta Convención: CI
A
N
A
L
1. Los Estados contratantes convienen en que una mujer extranjera casada con
uno de sus nacionales podrá adquirir, si lo solicita, la nacionalidad del marido,
mediante un procedimiento especial de naturalización privilegiada, con sujeción
a las limitaciones que pueden imponerse por razones de seguridad y de interés
público. 2. Los Estados contratantes convienen en que la presente Convención
19 Son parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Gua-
temala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguaya, Perú,
República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Estados Unidos la ha firmado pero no es parte.
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no podrá interpretarse en el sentido de que afecte a la legislación o a la práctica
judicial que permitan a la mujer extranjera de uno de sus nacionales adquirir de
pleno derecho, si lo solicita, la nacionalidad del marido.
Veintisiete países americanos son parte en esta Convención.20
III. la declaración americana y la convención americana
El artículo XIX de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre establece: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legal-
mente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier
otro país que esté dispuesto a otorgársela”.
La Declaración reconoce dos de los tres derechos de los que hemos ido
hablando hasta ahora: el derecho a tener una nacionalidad (en su versión
genérica) y el derecho a cambiar de nacionalidad. No menciona expresa-
AZ mente el derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad que
T
T
E ya se posee.
L
R
A
O El derecho genérico a la nacionalidad aparece aquí formulado con toda
D
N claridad, al disponer la Declaración que toda persona tiene derecho a tener
A
N
R una nacionalidad, pero no cualquier nacionalidad, sino la nacionalidad que
E
F
le corresponda de acuerdo con las reglas internas de aquel Estado que se la
otorgue. De este modo, se produce una cierta internacionalización del dere-
cho interno en materia de nacionalidad. No existe en principio un derecho
subjetivo, emergente del derecho internacional, que permita reclamar la
nacionalidad de un determinado Estado. Pero si un Estado establece, en su
derecho interno, que la nacionalidad debe otorgarse a determinada perso-
na, nace en cabeza de ésta un derecho subjetivo que no solo tiene respaldo
en el derecho interno, sino también en el derecho internacional.
Según la redacción estricta de la Declaración, la apatridia no es una si-
tuación ilegítima. En efecto, la Declaración se refiere al derecho a la na-
cionalidad que legalmente corresponda a una persona. Por ello, si de acuerdo
20 Son parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Hai-
tí, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente
y Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
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