“Guerra contra el terrorismo”, Conflictos armados y derechos humanos

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INCODEUM

“GUERRA CONTRA EL TERRORISMO”, CONFLICTOS ARMADOS Y DERECHOS
HUMANOS

Angel Sánchez Legido
Profesor Titular de Derecho Internacional Público (UCLM)

Sumario

I. La “guerra contra el terrorismo”…: A) La respuesta de las autoridades estadounidenses a los
atentados del 11-S; B) Consecuencias implícitas en la noción de “combatientes enemigos”. II. … el
Derecho de los conflictos armados…: A) La “guerra contra el terrorismo” y el ámbito de aplicación de
los instrumentos de Derecho Internacional Humanitario; B) El estatuto de los individuos detenidos por
Estados Unidos en la guerra de Afganistán; C) La determinación del estatuto de los detenidos y los
llamados Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente; D) Estatuto de combatiente enemigo vs.
estatuto de prisionero de guerra; E) Personas civiles que participan activamente en las hostilidades. III
… y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: A) La aplicación del DIDH a los conflictos
armados vinculados con la “guerra contra el terrorismo”; B) El DIDH en (difíciles) tiempos de paz:
estados de excepción y aplicación extraterritorial. IV. Reflexiones finales.

I. La “guerra contra el terrorismo”…

A) La respuesta de las autoridades estadounidenses a los atentados del 11-S.

Como es de sobra conocido, el 11 de septiembre de 2001, un comando de la organización
integrista Al Qaeda integrado por 19 fanáticos suicidas secuestraba cuatro aviones comerciales
de pasajeros en los aeropuertos de Boston, Newark y Washington, haciendo estrellar tres de ellos
contra edificios simbólicos del poder económico (las torres gemelas del World Trade Center de
Nueva York) y militar (el edificio del Pentágono en Washington) estadounidense, mientras que
el cuarto caía en una zona despoblada de Pensilvania, al parecer como consecuencia de la
resistencia mostrada frente al secuestro por los miembros del pasaje1. Aunque no se trataba ni
mucho menos del primer atentado de raíz integrista dirigido contra Estados Unidos2, la magnitud
y dimensión de tales ataques, con cerca de tres mil muertos como más dramática consecuencia y
alrededor de veinticinco mil heridos, carecían de precedentes en aquel país, hasta el punto de que
fue recurrente acudir a Pearl Harbor para buscar elementos de comparación3.

1 Para una descripción general de los acontecimientos relacionados con el 11-S, S.D. MURPHY (ed.),
“Contemporary Practice of the United States relating to Internacional Law: Terrorist Attacks on World Trade Center
and Pentagon”, AJIL, vol. 96 (2002), pp. 237 y ss.
2 De hecho, la organización de Bin Laden era ya sospechosa de encontrarse detrás de, al menos, 5 graves atentados
contra Estados Unidos: el atentado con bomba contra el propio World Trade Center de Nueva York en 1993, que
provocó seis muertos e hirió a más de 1000 personas; el atentado contra un cuartel militar estadounidense en
Dhahran, Arabia Saudí, en 1996, como consecuencia del cual resultaron 19 militares muertos y otras 372 personas
heridas; de la destrucción, en 1999, de las embajadas estadounidenses en Nairobi (Kenia) y Daar-es-Salam
(Tanzania), con 224 muertos y cerca de 5000 heridos; y el ataque en 2000 contra el buque militar USS Cole, que
provocó 17 muertos y 39 heridos. S.D. MURPHY (Ed.), “Contemporary…”, cit., p. 239; o R. WEEDWOOD, “Al
Qaeda, Terrorism, and Military Commisions”, AJIL, vol. 96 (2002), p. 330.
3 D.F. VAGTS, “Which Courts Should Try Persons Accused of Terrorism?”, EJIL, vol. 14 (2003), p. 318 y ss.
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Una semana después de los atentados, el Congreso estadounidense, en sesión conjunta de
la Cámara de Representantes y el Senado, aprobaba una resolución por la que se autorizaba al
ejecutivo el uso de la fuerza contra los responsables de los ataques dirigidos contra Estados
Unidos4. En directa aplicación de la autorización así otorgada y amparándose en un pretendido
ejercicio del derecho de legítima defensa5
el ejército estadounidense, apoyado por fuerzas del Reino Unido, iniciaba veintiún días después
una operación militar en Afganistán que, en apenas unos meses, ponía fin al régimen talibán en
dicho país. No obstante, el Presidente de Estados Unidos advirtió el mismo día del inicio de las
hostilidades que la operación “Libertad duradera” en Afganistán no era más que una parte de un
conflicto más amplio, y desde entonces han sido numerosos los pronunciamientos de altos
responsables de la administración norteamericana en los cuales se habla de una guerra global
contra el terrorismo6. Como prueba de ello, aún cuando el principal pretexto fue el pretendido
incumplimiento de las obligaciones de desarme impuestas por el Consejo de Seguridad tras la
primera guerra del Golfo, las acusaciones de colaboración con el terrorismo internacional
jugaron también un significativo papel en el discurso de justificación de la guerra contra Irak por
parte de la administración estadounidense7.

En el marco de una opción política que busca deliberadamente situar la lucha contra el
terrorismo en un marco que no es exclusiva ni preferentemente el de ejecución y garantía de la

4 De conformidad con dicha resolución se autoriza al Presidente a “utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada
contra aquellas naciones, organizaciones o personas que (el propio Presidente) determine que han planeado,
cometido o ayudado a cometer los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, o que han dado refugio
a tales organizaciones o personas, con el fin de prevenir cualesquiera actos futuros de terrorismo internacional
contra los EstaDos Unidos por tales naciones, organizaciones o personas”. Joint Resolution to Authorize the Use of
United States Armed Forces Against those Responsable for the Recent Attacks Launched Against the United States,
Sect. 2, Sept. 18, 2001. Disponible en International Legal Materials, vol. 40 (2001), p. 1282.
5 La invocación de la legítima defensa, fundada en la caracterización de los atentados del 11-S como un ataque
armado en el sentido del art. 51 de la Carta de Naciones Unidas, contaba con el implícito respaldo del Consejo de
Seguridad, quien en el preámbulo de sus dos principales resoluciones sobre el tema (1368 y 1372) apelaba a la
legítima defensa, y del Consejo Atlántico, quien llegó a activar, por primera vez en su historia, la cláusula de
asistencia mutua del art. 5 del Tratado del Atlántico Norte. Aun cuando la intervención en Afganistán contó con
considerable apoyo y escasa oposición en una Sociedad Internacional conmocionada por la magnitud del 11-S
(véase S.D. MURPHY, “Contemporary…”, cit., pp. 248-249), la cuestión de si la llamada operación “Libertad
Duradera” resultaba amparada por la legítima defensa no deja de suscitar considerables dudas. Entre la abundante
literatura generada al respecto, pueden verse en la doctrina española, las contribuciones grupadas bajo la rúbrica “El
orden internacional tras los atentados del 11 de septiembre publicadas en REDI, vol. 53 (2001), pp. 125 y ss., en
especial las firmadas por A. REMIRO BROTONS (“Terrorismo, mantenimiento de la paz y nuevo orden”, pp. 125 y
ss.), A. FERNÁNDEZ TOMÁS (“El recurso al artículo quinto del Tratado de Washington tras los acontecimientos
del 11 de septiembre: mucho ruido y pocas nueces”, pp. 205 y ss.), J.A. GONZÁLEZ VEGA (“Los atentados del 11
de septiembre, la operación ‘Libertad duradera’ y el derecho de legítima defensa”, pp. 247 y ss.) y J. ALCAIDE
FERNÁNDEZ (“La ‘guerra contra el terrorismo’: ¿una ‘OPA hostil’ al Derecho de la comunidad internacional?”,
pp. 289 y ss.), así como C. GUTIÉRREZ ESPADA, “¿No cesaréis de citarnos leyes viendo que ceñimos espada?”,
ADI, VOL. 17 (2001), PP. 25 Y SS.,
6 La orden militar por la que se decretaba la creación de comisiones militares para el enjuiciamiento de los
individuos implicados en actos de terrorismo internacional (infra nota 47), ya comenzaba afirmando que los ataques
terroristas contra Estados Unidos “han creado un estado de conflicto armado que exige el empleo de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos” (Sect. 1.a). La política antiterrorista estadounidense ha buscado así deliberadamente
situarse en un escenario casi de excepción basado en la aceptación de que la amenaza a afrontar es la propia de un
conflicto bélico. Al respecto, resulta ilustrativo el documento publicado por la Casa Blanca en septiembre de 2003,
“National Strategy for Combating Terrorism”, disponible en
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/counter_terrorism/counter_terrorism_strategy.pdf (visitado el 8
de febrero de 2004). Para un análisis comparativo de los modelos estadounidense y europeo de respuesta contra el
terrorismo, A. FERNÁNDEZ TOMÁS, “Terrorismo, Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión
Europea”, en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 2004, en prensa.
7 Puede verse, en nuestra doctrina, P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, “El Consejo de Seguridad en la
guerra contra Irak: ¿ONG privilegiada, convalidador complaciente u órgano primordial?”, REDI, vol. 55 (2003), pp.
207-210; o J. ALCAIDE FERNÁNDEZ, “La lucha contra el terrorismo internacional a la luz del 11-S: de la
zanahoria al palo”, Agenda Internacional, nº 19 (2003), pp. 206-207.
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ley, las autoridades norteamericanas han practicado durante estos tres años varios miles de
detenciones8. Una parte no desdeñable de las mismas se han llevado a cabo en territorio
estadounidense en aplicación de una normativa antiterrorista federal que, como consecuencia de
reformas legislativas posteriores al 11-S, incrementa considerablemente las facultades de
investigación y detención a disposición de las autoridades administrativas9. Otras muchas
detenciones, en cambio, se han practicado y mantenido de acuerdo con una lógica belicista, bajo
la acusación de que los detenidos son combatientes enemigos. Salvo alguna aislada excepción
relativa a sospechosos de nacionalidad estadounidense (Y. Hamdi, J.W. Lindh o J. Padilla), las
detenciones de los llamados combatientes enemigos se practican fuera del territorio
estadounidense, en instalaciones provisionales repartidas en diversas partes del mundo más o
menos cercanas a las zonas en las que se desarrollan las operaciones militares10 y, muy
especialmente, en la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba)11.

Tras una breve etapa inicial de relativa ambigüedad sobre el estatuto de los detenidos12,
al parecer motivada por ciertas disputas entre los Departamentos de Justicia y Defensa, de un
lado, y el Departamento de Estado, de otro13, la posición oficial estadounidense comenzaría a
clarificarse a partir del 7 de febrero de 2002. De acuerdo con un comunicado difundido en esa
fecha por el portavoz de la Casa Blanca, A. Flescher, los individuos recluidos en Guantánamo

8 El 4 de febrero de 2003, en su discurso sobre el Estado de la Nación, el Presidente Bush cuantificaba en más de
tres mil el número de presuntos terroristas que ya no eran una amenaza para Estados Unidos o sus aliados por
encontrarse detenidos en diversos países.
9 En este sentido, junto a un uso ampliado de la figura del “testigo material”, una especie de detención preventiva de
testigos respecto de los cuales exista riesgo de fuga (S.D. MURPHY –ED-, “Contemporary…: U.S. Detention of
Aliens in Aftermath of September 11 Attacks”, AJIL, vol. 96 -2002-, pp. 472-474), la U.S. Patriot Act de 2001 (cuya
denominación oficial es Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism Act) no solo refuerza los poderes del ejecutivo para la interceptación y control de las
comunicaciones y datos personales, sino que también reforma las leyes de inmigración para hacer posible la
detención indefinida de ciudadanos no norteamericanos que no puedan ser deportados a su país de origen, respecto
de los cuales el Attorney General certifique que están implicados en un delito o en una violación de las leyes de
inmigración. Véase, al respecto, S.D. MURPHY, “International Law, the United States, and the Non-military ‘War’
against Terrorism”, EJIL, vol. 14 (2003), pp. 356 y ss. Una ley en cierto modo similar, la Anti-terrorism, Crime and
Security Act adoptada en 2001 en el Reino Unido, ha sido considerada contraria a la Human Rights Act –la ley de
1998 de incorporación del CEDH- por parte del Comité de Apelaciones de la House of Lords en los asuntos A and
others y X and others v. Secretary of State for the Home Department, de 16 de diciembre de 2004. La mencionada
decisión está disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldjudgmt/jd041216/a&oth-1.htm (visitada el 26 de diciembre de
2004).
10 Según ciertas informaciones, la Administración estadounidense no habría revelado cuáles son y donde se
encuentran todas las instalaciones de detención. Véase, al respecto, el documento elaborado por D. PEARLSTEIN
para HUMAN RIGHTS FIRST, Ending Secret Detentions, June 2004, disponible en Internet:
http://www.HumanRightsFirst.org (visitado el 4-X-2004). El propio Comité Internacional de la Cruz Roja ha
reconocido que, no obstante su acceso a los detenidos en las instalaciones de Bagram, Kandahar, Guantánamo y
Charleston, declaraciones oficiales de autoridades estadounidenses ponen de manifiesto la existencia de detenciones
en régimen de incomunicación en lugares no revelados, reclamando por ello su acceso a todos los detenidos. ICRC,
“U.S. detention related to the events of 11 September 2001 and its aftermath – the role of the ICRC”, 14-V-2004,
disponible en la siguiente dirección de internet:
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/iwpList454/73596F146DAB1A08C1256E9400469F48 (visitada el 4-X-
2004).
11 Sobre el estatuto jurídico de la base militar estadounidense en Guantánamo, puede verse en nuestra doctrina, M.
CAPELLÀ I ROIG, “El Estatuto jurídico de Guantánamo (Cuba)”, REDI, Vol. 54 (2002), PP. 773 y ss.
12 Etapa que incluyó una calificación global de todos los detenidos como terroristas implicados en actos hostiles en
nombre de Al Qaeda o de los talibán por parte del Secretario de Defensa en una conferencia de prensa el 22-I-2002,
lo que motivó la merecida denuncia de violación del principio de la presunción de inocencia por parte de
AMNISTÍA INTERNACIONAL, Memorandum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que
están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo, 15 de abril de 2002, Índice AI: AMR
51/053/2002/s, pp. 27 y ss.
13 S.D. MURPHY (ed.), “Contemporary…: Decision Not to Regard Persons Detained in Afghanistan as POWs”,
AJIL, vol. 96 (2002), p. 477.
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estaban detenidos por tratarse de combatientes enemigos implicados en acciones hostiles contra
los Estados Unidos o sus aliados, si bien a ninguno de ellos les resultaría de aplicación el estatuto
de prisionero de guerra14. Las razones, sin embargo, eran diversas en el caso de los presuntos
miembros de Al Qaeda, capturados preferente aunque no exclusivamente en Afganistán15, y en
el de los sospechosos de formar parte de las milicias talibán detenidos en Afganistán. En relación
con los primeros, porque no siendo Al Qaeda un Estado, no podrían resultar de aplicación unos
Convenios de Ginebra en los cuales, por definición, sólo los Estados pueden ser partes. Por el
contrario, y corrigiendo ciertas posiciones iniciales que negaban la aplicabilidad de los
Convenios de Ginebra por vincularlos a un gobierno no reconocido por Estados Unidos16, a los
presuntos miembros de las milicias talibán sí les serían de aplicación los Convenios de Ginebra,
pues tanto Afganistán como Estados Unidos son partes en ellos, pero no podrían beneficiarse del
estatuto de prisionero de guerra al no cumplir los requisitos de la beligerancia legal que derivan
del art. 4.A del tercer Convenio de Ginebra. En concreto, porque no vestían uniformes ni
portaban signos distintivos, no portaban sus armas abiertamente y mantenían firmes lazos con
una organización terrorista que, al asumir como medio de actuación los ataques indiscriminados
contra civiles, violaban las leyes y costumbres de guerra17. No obstante el no reconocimiento a

14 White House Fact Sheet on Status of Detainees at Guantanamo, disponible en la siguiente dirección de internet:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/02/20020207-13.html.
15 Si bien la mayor parte de los individuos privados de libertad en Guantánamo fueron al parecer capturados en
Afganistán en el marco de la operación “Libertad Duradera”, no es ése el caso de todos ellos. Cierto número de los
allí recluidos fueron capturados en lugares muy alejados de zonas de combate en el sentido tradicional del término
en Afganistán o Irak, y más concretamente, en países tales como Bosnia-Herzegovina, Zambia, Tailandia, Gambia o
Pakistán. Véase la decisión de la Juez federal J.H. GREEN en United States District Court for the District of
Columbia, In re Guantanamo Detainee Cases, Memorandum Opinion Denying in Part and Granting in Part
Respondents´ Motion to Dismiss or for Judgment as a Matter of Law, pp. 3-4, disponible en
http://news.findlaw.com/wp/docs/gitmo/inregitmo13105opn.pdf (visitada el 6-III-2005); o el informe ya citado de
HUMAN RIGHTS FIRST, Ending…, pp. 15 y ss.
16 De acuerdo con un informe confidencial elaborado por J. YOO y R.J. DELAHUNTY, juristas de alto nivel de la
Fiscalía General y del Departamento de Justicia, y fechado el 9 de enero de 2002, los Convenios de Ginebra no eran
susceptibles de aplicarse, ni siquiera en lo que se refiere al art. 3 común, a un Estado fallido regido por un gobierno
no reconocido por los EEUU, cuyas milicias se encontraban tan estrechamente conectadas con la organización
terrorista Al Qaeda que no resultaba posible distinguirlas de las mismas. Memorandum for William J. Haynes
II,General Counsel, Department of Defense. En un sentido similar se pronunciaba igualmente el consejero de la
Casa Blanca A. GONZALES en otro informe confidencial fechado el 25 de enero de 2002 y titulado Decisión Re
Application of the Geneva Convention on Prisoners of War to the Conflict with Al Qaeda and the Taliban. Esos y
otros informes relativos a la posición de la Administración Bush en relación con los detenidos en el marco de la
llamada Guerra contra el Terrorismo están disponibles en la siguiente dirección de Internet:
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Legal_Arguments_for_Avoiding_the_Jurisdiction_of_the_Geneva_Co
nventions (visitada el 8-X-2004).
17 En declaraciones del Secretario de Defensa, Sr. Rumsfeld, “The discussion was essentially that the Geneva
Convention applied to parties, states. It did not apply to terrorist organizations like al-Qaeda. Therefore, al-Qaeda
was not covered specifically by Geneva Convention. It did apply to Afghanistan and Taliban -- and I'm going to be
careful how I say this -- because Taliban was running Afghanistan at the time so it applied. And the President said
so. This was a presidential decision with hundreds of lawyers involved in it. They then concluded that the Taliban
did not qualify because under Geneva there are certain things that one looks for to determine whether or not they are
lawful or unlawful combatants. Had the Taliban worn uniforms, had the Taliban used weapons that were visible, had
the Taliban functioned in a chain of command, had the Taliban done three or four other things that are the indicators
or the criteria by which Geneva suggests it be judged as to whether someone is or is not a lawful or unlawful
combatant. Had they had those characteristics and met those criteria, the President would have announced that the
Geneva Convention applied specifically to Taliban. The judgment was that they did not meet those. They were not
running around in uniforms. They were not doing those things that lawful combatants do. So the President made a
decision that not only al-Qaeda did not merit under the criteria of Geneva, the specific provisions as lawful
combatants, but so too Taliban did not even though Afghanistan did as a country (…) the reason that the decision
was made was because of respect for Geneva because Geneva is designed to distinguish between lawful combatants
like our men and women in uniform who we want protected under Geneva, because they wear uniforms, they wear -
- carry weapons that are exposed, they do function in a chain of command, they meet the criteria. And the Geneva
Conventions were designed to protect people like that and not to protect people not like that (…)So to the extent that
unlawful combatants do what they do, that is to say blend into civilian, women and children, put them at risk, put
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ninguno de los detenidos del estatuto de prisionero de guerra, la Casa Blanca les otorgaría “as a
matter of policy” un trato humano inspirado en muchos de los privilegios propios de dicho
estatuto.

B) Consecuencias implícitas en la noción de “combatientes enemigos”.

A tenor de su aplicación en la práctica, la noción de combatiente ilegal utilizada por la
Administración estadounidense en relación con los detenidos en el marco de la operación
“Libertad duradera” en Afganistán y en otras operaciones contra el terrorismo yihadista –pero
no en la guerra de Irak18-, apuntaría a un régimen jurídico que, utilizando selectivamente algunos
rasgos propios de ciertos estatutos previstos en el Derecho internacional humanitario y
desdeñando otros, comportaría tendencialmente19 tres elementos.

El primer elemento supondría que, como combatientes, los individuos implicados en
actividades terroristas contra Estados Unidos o sus aliados podrían ser objeto de ataques letales
por parte de las fuerzas estadounidenses. El mensaje en ese sentido, implícito según ciertas
opiniones en la doctrina de la legítima defensa preventiva avanzada en el discurso del Presidente
Bush sobre el Estado de la Nación inmediatamente posterior al 11-S20, adquiriría credibilidad
práctica meses después. El 4 de noviembre de 2002, al parecer con el consentimiento de las
autoridades locales, un avión no tripulado teledirigido “Predator” hacía saltar por los aires en
Yemen un vehículo en el que viajaban seis presuntos miembros de Al Qaeda21. Aún cuando no
hubo declaraciones oficiales asumiendo el ataque por parte de las autoridades estadounidenses,
no parece haber dudas en cuanto a que se trató de una operación orquestada y ejecutada por sus

them in danger, attack men and women and children who are civilians and innocents, to the extent they do that they
are deemed by Geneva Convention to not be appropriate to fall under the provisions of Geneva (…). U.S.
Department of Defense News Briefing. Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld. Thursday, May 13, 2004.
(Secretary Rumsfeld Media Availability En route to Baghdad [on the evening of May 12, 2004]). Disponible en
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-
english&y=2004&m=May&x=20040514164950sjhtrop0.3854029&t=livefeeds/wf-latest.html (visitada el 14-X-
2004). Un resumen de la posición del gobierno estadounidense que confirma estas mismas ideas pueden encontrarse
en la decisión ya citada de la juez GREEN en el asunto In Re Guantánamo, pp. 70-73.
18 En relación con la guerra de Irak, la administración estadounidense siempre ha mantenido la plena aplicación de
los Convenios de Ginebra (véanse las declaraciones de D. Rumsfeld reproducidas en la nota anterior), lo que se ha
traducido en el otorgamiento del estatuto de prisionero de guerra a los miembros de los fuerzas armadas iraquíes, y
la calificación como “detenidos por razones de seguridad” (security detainees) tanto para aquellos a quienes la
autoridad militar atribuye la participación en actividades criminales contra las fuerzas de la coalición como para
quienes, debido a razones militares vinculadas con su “significativo valor por razones de inteligencia”, debieran ser
retenidos para ser interrogados. El número de detenidos en tal concepto a principios de 2004 superaría la cifra de
cuatro mil. De la posición al respecto, reflejada en una carta firmada por la General J. KARPINSKI de 23 de mayo
de 2004, se da cuenta en el informe de HUMAN RIGHTS FIRST, Ending…, cit., pp. 11 y ss.y 20 y ss.; o en el
artículo firmado por D.JEHL y N.A. LEWIS y titulado “U.S. Disputed Protected Status of Iraq Inmates”, accesible a
través de la siguiente dirección de Internet:
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Legal_Arguments_for_Avoiding_the_Jurisdiction_of_the_Geneva_Co
nventions (visitada el 8-X-2004). Pueden verse también, las declaraciones realizadas por el Secretario de Defensa,
D. RUMSFELD, el 16 de septiembre de 2003 en DOD News Briefing – Secretary Rumsfeld and Gen. Pace,
disponible en la siguiente dirección de Internet: http://www.defenselink.mil/transcripts/2003/tr20030916-
secdef0682.html (visitada el 12-X-2004).
19 Razones diversas, de carácter político unas veces y de naturaleza judicial otras, han determinado, sin embargo,
que alguno de esos elementos no haya terminado de consolidarse y que algunos otros hayan debido matizarse con el
paso del tiempo.
20 T.J. FARER, “Editorial Comments: Beyond the Charter Frame: Unilateralism or Condominium?”, AJIL, vol. 96
(2002), p. 359; o J. FITZPATRICK, “Speaking Law to Power: The War Against Terrorism and Human Rights”,
EJIL, vol. 14 (2003), , p. 254. Sobre el discutible encaje de la doctrina de la legítima defensa preventiva en el
Derecho Internacional, M. PÉREZ GONZÁLEZ, “La legítima defensa puesta en su sitio: observaciones críticas
sobre la doctrina Bush de la acción preventiva”, REDI, vol. 55 (2003), pp. 187 y ss.
21 Entre ellos, al parecer, se encontraba uno de los sospechosos de haber planificado el atentado contra el buque USS
Cole en 2000.
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servicios de inteligencia22. No obstante, la posición del Departamento de Estado contraria a este
tipo de operaciones, traducida en la condena de la política de asesinatos selectivos por parte del
gobierno israelí, no resultó alterada tras el ataque en Yemen, y no consta que acciones similares
se hayan reiterado con posterioridad, al menos fuera de las hostilidades en Afganistán e Irak23.

En segundo lugar, la consideración de los individuos implicados en el terrorismo como
combatientes enemigos lleva aparejada la afirmación del derecho de las autoridades militares
estadounidenses a mantenerlos fuera de combate -esto es, privados de libertad- con el fin,
teóricamente, de impedir que mientras dure el conflicto vuelvan a desarrollar actuaciones
hostiles contra los Estados Unidos o sus aliados24. Si se tiene en cuenta que el marco de
referencia no es la guerra en Afganistán, en Irak o en cualquier otro escenario geográfico o
temporal concreto, sino más ampliamente, una poco definida “guerra contra el terrorismo”, cuya
conclusión no se producirá “en un único y definido momento”25, el resultado no es otro que la
afirmación por parte de la administración estadounidense de un derecho de detención de
duración ilimitada que, en hipótesis, podría implicar una privación de libertad de por vida26.

Además de indefinidas en cuanto a su duración, las detenciones asociadas al estatuto de
combatiente enemigo tan solo estarían regidas por un compromiso discrecionalmente asumido de
trato humanitario, sin comportar necesariamente las garantías propias de las detenciones

22 Véase, sobre el ataque de Yemen, A. DWORKIN, “The Yemen Strike: the war on terrorism goes global”, Crimes
War Project, nov. 14 (2002), disponible en internet: http://globalpolicy.org/wtc/targets/2002/1114crimes.htm
(visitada el 8-I-2005), y AMNESTY INTERNATIONAL, Yemen/USA: government must not sanction extra-judicial
executions, 8 November 2002 (AI Index: AMR 51/168/2002).
23 El mismo día en que moría víctima de un misil iraquí J. Anguita Parrado, y dos días antes del asesinato de J.
Couso, EEUU destruyó mediante un ataque con bombas lanzadas desde un avión B-52 un edificio situado en el
barrio de Mansour, en Bagdad, en el cual existía un restaurante en el que se sospechaba que podía hallarse Sadam
Hussein con alguno de sus hijos. Aunque finalmente se confirmó que ninguno de ellos resultó afectado por el
ataque, los daños colaterales se cifraron en 14 muertos, dos niños entre ellos.
24 De acuerdo con una carta firmada por un alto cargo de la Fiscalía General, dirigida al Presidente del Comité de
Asuntos Militares del Senado el 26 de noviembre de 2002, “(e)stá bien establecido que Estados Unidos puede
detener a los combatientes enemigos al menos hasta el fin de las hostilidades…. La finalidad de esa detención
militar no es punitiva. Esta destinada a evitar que un combatiente enemigo pueda volver a unirse a las fuerzas
enemigas y a emprender nuevos actos hostiles contra Estados Unidos…”. Véase, “U.S. Nationals Detained as
Unlawful Combatants”, en S.D. MURPHY, “Contemporary…”, cit., AJIL, vol. 97 (2003), pp. 199-200. Esa misma
postura se ha mantenido por la administración estadounidense en diferentes instancias judiciales. Así, de acuerdo
con la decisión mayoritaria del Tribunal Supremo en el asunto Hamdi, “(e)l Gobierno mantiene que Hamdi es un
‘combatiente enemigo’, y que ese estatuto justifica que se le mantenga detenido en Estados Unidos indefinidamente
–sin cargos formales ni otros procedimientos- a menos y hasta que el propio gobierno determine que se permita el
acceso a abogado o el desarrollo de otras actuaciones”. 542 U.S.S.C, Hamdi et al. V. Rumsfeld, Secretary of
Defense, et al., Opinión of O´Connor, J., pp. 2-3. La citada decision, está disponible en la siguiente dirección de
internet: http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/28june20041215/www.supremecourtus.gov/opinions/03pdf/03-
6696.pdf (visitada el 10-VII-2004).
25 La cita es textual y procede del ya citado documento sin fecha difundido por la Casa Blanca con el título National
Strategy for Combating Terrorism, p. 14.
26 La idea la expresa el juez O´Connor en el asunto Hamdi del siguiente modo: “Tal y como reconoce el gobierno,
dada su naturaleza no convencional, el actual conflicto no es probable que finalice con un acuerdo formal de alto el
fuego. La posibilidad de la que habla Hamdi –detención perpetua- no es por tanto inverosímil. Si el Gobierno no
considera ganada esta guerra no convencional durante dos generaciones, y si mantiene durante ese tiempo que
Hamdi puede volver unirse a las fuerzas que luchan contra Estados Unidos en caso de ser liberado, entonces la
posición que ha asumido a lo largo de este proceso sugiere que la detención de Hamdi podría durar durante el resto
de su vida”. P. 12. En sentido similar se pronuncia la juez J.H. GREEN en su decisión de 31 de enero de 2005 en el
asunto In Re Guantánamo: “El Gobierno afirma el derecho a detener a un combatiente enemigo hasta que la guerra
contra el terrorismo haya concluido o hasta que el ejecutivo, a su exclusiva discreción, haya determinado que el
particular ya no plantea una amenaza para la seguridad nacional. El Gobierno, sin embargo, ha sido incapaz de
informar al Tribunal cuánto tiempo cree que durará la guerra contra el terrorismo…. En realidad, el gobierno ni
siquiera puede articular en este momento cómo determinará cuándo la guerra contra el terrorismo ha terminado. Al
menos, el gobierno ha aceptado que la guerra podría durar varias generaciones, haciendo con ello posible, si no
probable, que los combatientes enemigos queden sujetos a prisión de por vida en Guantánamo”. Pp. 39-40.
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vinculadas a las actividades ordinarias de investigación y represión penal27. Los detenidos no
tienen derecho a la asistencia de abogado28 o a ser informados de las razones de su detención y
pueden ser sometidos a largos regímenes de incomunicación29. Pero, sobre todo, pese al
mencionado compromiso de trato humano, diversos elementos arrojan terribles dudas sobre las
condiciones de detención. Algunos documentos internos aireados por la prensa manifestaban ya
ciertas posiciones dentro de la Administración estadounidense que, conscientes de la
incuestionable relevancia que reviste la obtención de información en la prevención y lucha
contra el terrorismo, se mostraban favorables a forzar hasta el límite la interpretación de las
exigencias jurídicas relativas a la práctica de interrogatorios a los detenidos30. Desde que en abril
de 2004, los medios de comunicación comenzaran a difundir unas fotografías que lo
atestiguaban, las sospechas sobre la existencia de extendidas prácticas de abusos en relación con
los detenidos en Irak se han convertido en una certeza avalada y reconocida por diversos
informes internos del ejército estadounidense31 y por el propio Comité Internacional de la Cruz
Roja32. Y aunque sin tanta certeza, hay también indicios de que tales prácticas pueden haber sido
aplicadas para los detenidos clasificados como combatientes enemigos fuera de Irak33.

27 De acuerdo con la carta antes citada del ayudante del Attorney General al Comité de Asuntos Militares del
Senado, “(l)os derechos que la constitución confiere a las personas en el sistema de justicia penal sencillamente no
se aplican en el contexto de la detención de combatientes enemigos”. P. 200.
28 “Un combatiente enemigo no tiene derecho general de acceso a abogado en virtud de las leyes de guerra”, ibidem.
De acuerdo con ello, el gobierno ha venido impugnando sistemáticamente las resoluciones de los tribunales
federales que, en los asuntos Hamdi y José Padilla, ordenaban que se autorizara la asistencia letrada. Al respecto,
S.D. MURPHY (ed.), “Contemporary Practice…”, AJIL, vol. 96 (2002), pp. 982-983, y AJIL, vol. 98 (2004), pp.
187-188.
29 Al menos así se desprende de la situación en la que se encontraban los detenidos en Guantánamo hasta las dos
decisiones del Tribunal Supremo que se comentan un poco más adelante. Tal y como lo expone la juez J.H.
GREEN, “Desde principios de 2002 hasta al menos junio de 2004, no se imputó a la inmensa mayoría de los
detenidos la comisión de crímenes de guerra, no fueron informados de las razones por las que estaban detenidos, no
se les permitió acceder a un abogado, no tuvieron oportunidad formal alguna de cuestionar su estatus de
‘combatiente enemigo’ y fueron mantenidos en unas situación de virtual incomunicación del resto del mundo”. In re
Guantánamo, cit., p. 5.
30 Resulta revelador, en ese sentido, el informe confidencial de 6 de marzo de 2003 del Working Group Report on
Detainee Interrogations in the Global War on Terrorism: Assessment of Legal, Historical, Policy, and Operacional
Considerations, difundido por el Wall Street Journal y disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://www.cdi.org/news/law/prisoner-abuse.cfm (visitada el 24-VII-2004). En él se ofrece una abundante
argumentación orientada a reducir a su mínima expresión el tipo de actividades susceptibles de considerarse como
tortura o trato inhumano o degradante, y a incrementar las causas de justificación que podrían esgrimirse frente a
acusaciones de prácticas de tortura.
31 En los que, entre otras cosas, se sugiere que la utilización de técnicas tales como el uso de perros de presa,
manipulación de dietas o la imposición de posiciones de estrés a los detenidos eran prácticas prediseñadas. Véase al
respecto, HUMAN RIGHTS FIRST, Getting to Ground Truth. Investigating U.S. Abuses in the ‘War on Terror’”,
September 2004, en especial, pp. 12-13. Disponible en la siguiente dirección de internet:
http://www.humanrightsfirst.org/us_law/PDF/detainees/Getting_to_Ground_Truth_090804.pdf (visitada el 14-XII-
2004). Puede verse también AMNESTY INTERNATIONAL, USA: Human dignity denied: Torture and
accountability in the ‘war on terror’, disponible en http://web.amnesty.org/library/inDEX/engamr511452004
(visitada el 23-X-2004).
32 ICRC, Report of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on the Treatment by the Coalition Forces
of Prisoners of War and Other Protected Persons by the Geneva Conventions in Iraq During Arrest, Internment and
Interrogation, February 2004. La difusión del citado informe, disponible en internet
(http://www.derechos.org/nizkor/us/doc/icrc-prisoner-report-feb-2004.pdf, visitada el 9-I-2005) mereció una nota de
protesta por parte del propio CICR por considerar que compromete la exigencia de imparcialidad que constituye uno
de sus Principios Fundamentales (Press Release 04/35, 7-V-2004).
33 Es, precisamente, una de las razones esgrimidas por la juez J.H. GREEN, para cuestionar la compatibilidad de los
“procesos de revisión del estatuto de combatiente enemigo” con las exigencias constitucionales del due process. Pp.
55 y ss. Igualmente, de acuerdo con el último informe anual (2005) de HUMAN RIGHTS WATCH, “unas tres
docenas de personas que habían sido liberadas de Guantánamo describieron el trato que les propinaron las fuerzas
estadounidenses en declaraciones públicas o en entrevistas con HRW. Alegaron que los métodos de interrogatorio
incluían periodos prolongados en posiciones dolorosamente incómodas, exposición a frio extremo y música a todo
volumen, y amenazas de tortura y muerte. Dijeron que los habían sometido a semanas e incluso meses de
aislamiento –a veces en condiciones sofocantemente calurosas o frías por el exceso de aire acondicionado- como
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E igualmente, la administración estadounidense ha venido defendiendo que todo lo
relativo a la detención y trato de los combatientes enemigos entraría dentro de los poderes de
guerra conferidos por la autorización de empleo de la fuerza por parte del Congreso, de tal forma
que quedaría excluida cualquier posibilidad de revisión judicial de su actuación al respecto34. No
parece que la elección de la base militar de Guantánamo como centro de detención de larga
duración de los “combatientes enemigos” fuera en este sentido casual. De hecho, ya había sido
empleada en la primera mitad de los noventa para “albergar” a los balseros cubanos y haitianos
con el fin de impedir su acceso a los tribunales federales para la defensa de sus eventuales
derechos de asilo y refugio35. En apoyo de sus tesis, el gobierno estadounidense ha venido
invocando el asunto Johnson v. Eisentrager, resuelto por el Tribunal Supremo en 1949 y en el
cual se consideró que los tribunales federales no eran competentes para examinar las peticiones
de habeas corpus planteadas por veintiún ciudadanos alemanes encarcelados en la prisión de
Landsberg (Alemania) que habían sido capturados por las fuerzas norteamericanas en China, y
procesados y condenados por una comisión militar estadounidense constituida en Nankin36. Y tal
vez sea la inaplicabilidad de esa doctrina a los ciudadanos estadounidenses lo que explica que los
detenidos en el marco de la “guerra contra el terrorismo” de esa nacionalidad reciban un trato
parcialmente distinto que incluye su reclusión en el propio territorio de los Estados Unidos37.

Los pronunciamientos judiciales de los tribunales federales en respuesta a las cada vez
más numerosas peticiones de habeas corpus interpuestas en nombre de un buen número de
detenidos como combatientes enemigos, han venido a introducir ciertas matizaciones en una
actitud inicial del ejecutivo concebida, según ha sido acertadamente descrita, como “un puro
ejercicio de discreción administrativa, sin criterios o procedimientos anunciados, y sin
supervisión judicial”38. En sendas resoluciones de 28 de junio de 2004, relativas a peticiones de
habeas corpus presentadas en nombre, respectivamente, de un ciudadano estadounidense
detenido en la base militar de Charleston (Y. Hamdi) y de trece individuos extranjeros de
diversas nacionalidades detenidos en Guantánamo (S. Rasul y otros), el Tribunal Supremo de
Estados Unidos abría tímidamente las puertas a un eventual control por parte de los tribunales
federales de las detenciones de los “combatientes enemigos”. En relación con los detenidos en
Guantánamo, la máxima instancia judicial federal, descartando la aplicabilidad de la doctrina
sentada en Johnson v. Eisentrager, afirmaba la extensión de la jurisdicción de los tribunales

castigo por no cooperar durante los interrogatorios o violaciones de las reglas de la prisión”.
http://hrw.org/spanish/inf_anual/2005/estados_unidos.html#estados. Aunque sólo con carácter individual y aislado,
diversos informes oficiales reconocen la existencia de prácticas de tortura en Afganistán. “El Pentágono reconoce
dos muertes por torturas en Afganistán”. El País, de 13 de marzo de 2005.
34 Tal y como lo expresa el juez O´Connor en la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo en el asunto Hamdi, “no
están garantizados revisiones adicionales de los hechos y son inapropiados a la luz de los extraordinarios intereses
constitucionales en juego. De acuerdo con la más extrema formulación por parte del Gobierno de este argumento
<<el respeto de la separación de poderes y las limitadas capacidades institucionales de los tribunales en asuntos
relativos a las decisiones militares vinculadas con un conflicto en curso>> deberían excluir completamente cualquier
procedimiento individual, restringiendo la revisión judicial a la investigación de si existe autorización legal para el
más amplio esquema de detención”. P. 20.
35 Véase, al respecto, M. CAPELLÀ i ROIG, “El Estatuto…”, cit., pp. 780-781.
36 U.S. Supreme Court, JOHNSON v. EISENTRAGER, 339 U.S. 763 (1950)
(http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=339&invol=763)
37 Junto a la ya mencionada interpretación del alcance de los poderes de guerra y su incidencia en el principio de
separación de poderes, el gobierno estadounidense ha venido invocando la doctrina del Tribunal Supremo en el
asunto Ex parte Quirin, en el cual se afirmó la posibilidad de aplicar las leyes de guerra –en concreto, la posibilidad
de enjuiciamiento por una comisión militar, con exclusión de la jurisdicción de los tribunales civiles- a ocho
saboteadores, miembros de la armada alemana, detenidos cuando habían desembarcado en las costas de Long Island
y Florida, entre los que se encontraba un nacional estadounidense. U.S. Supreme Court, EX PARTE QUIRIN, 317
U.S. 1 (1942) 317 U.S. 1 87 L.Ed. (http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=317&invol=1) y
AJIL, 1953, 153-171
38 J. FITZPATRICK, “Speaking…”, cit., p. 250.
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federales para el examen de las peticiones planteadas en nombre de los individuos detenidos en
territorios que, como ocurre en Guantánamo, aún no perteneciendo a la soberanía de los Estados
Unidos, están sometidos a su jurisdicción plena y exclusiva39. Y respecto de los detenidos
estadounidenses, el Tribunal Supremo sostuvo que las exigencias constitucionales del proceso
debido no excluyen una revisión por parte de los tribunales federales, a menos que los individuos
afectados sean informados de las razones de hecho determinantes de su calificación como
combatientes enemigos y que dispongan de una oportunidad significativa de cuestionarlas ante
una instancia neutral de decisión, admitiendo eso sí que tales exigencias pueden resultar
satisfechas por un tribunal militar regularmente constituido40.

La reacción de la administración estadounidense no se hizo esperar. Con la más que
probable intención de evitar interferencias judiciales en su política relativa a los “combatientes
enemigos”, el Departamento de Defensa hacía pública el 7 de julio de 2004 la orden por la que se
establecen los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente (CSRT en sus siglas en
inglés)41. En ella, además de ofrecerse por primera vez una definición oficial de combatiente
enemigo42, se reconoce a los detenidos la posibilidad de solicitar la revisión de su calificación
como tales ante “tribunales” integrados por tres oficiales, uno de los cuales debe ser jurista,
designados por una autoridad nombrada por el Secretary of the Navy y cuya neutralidad pretende
garantizarse con la exigencia de no haber tenido relación con los interesados ni haber estado
implicados en su captura, detención, interrogatorio o clasificación como combatiente enemigo.
Para su defensa, a los detenidos no se les permite contar con abogado de su elección, sino tan
solo con un “representante personal” que es necesariamente un oficial del ejército
estadounidense y al que no se exige formación jurídica alguna. Se les deben comunicar los
hechos y pruebas que han servido de base para su clasificación como combatientes, salvo
aquéllas que por razones de seguridad hayan sido clasificadas. Se les reconoce la posibilidad de
llamar a testigos, pero su comparecencia está supeditada a que estén disponibles –en
Guantánamo43-, y para confirmar la calificación realizada en instancias anteriores son admisibles
los testimonios de testigos indirectos –es decir, que no presenciaron los hechos-, estableciéndose
por último una presunción iuris tantum a favor de la veracidad de las apreciaciones fácticas
realizadas por las autoridades de clasificación.

Los procesos de revisión se iniciaron el 17 de julio de 2004, desarrollándose con tal
rapidez que, en apenas seis meses, habían concluido en su inmensa mayoría, y arrojando un
balance caracterizado por la extrema escasez de revisiones aprobadas44.

39 542 U.S. RASUL V. BUSH (2004), Opinion of the Court, pp. 6 y ss. Disponible en la siguiente dirección de
internet: http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/28june20041215/www.supremecourtus.gov/opinions/03pdf/03-
334.pdf (visitada el 4-IX-2004).
40 USSC, 542 US, HAMDI V. RUMSFELD (2004), Op. of O´Connor, J., pp. 26 y ss.
41 Order Establishing Combatant Status Review Tribunal, 7 Jul 2004. Disponible, junto a algunas disposiciones de
desarrollo e información relacionada, en el sitio web del Departamento de Defensa en la siguiente dirección:
http://www. Defenselink.mil/news/Combatant_Tribunals.html (visitada el 29-X-2004).
42 De acuerdo con la misma, “(a) los efectos de la presente orden, por <<combatiente enemigo>> se entenderá un
individuo que formaba parte de o apoyó a las fuerzas talibán y de Al Qaeda, o a las fuerzas asociadas que están
implicadas en actos de hostilidad contra los Estados Unidos o sus aliados de coalición. Ello incluye a cualquier
persona que ha cometido un acto de beligerancia o ha apoyado directamente actos hostiles en ayuda de las fuerzas
armadas enemigas”.
43 El propio Secretary of the Navy advirtió el 9 de julio que era previsible que fueran pocos los testigos directos
disponibles, sin que hubiera previsiones presupuestarias para posibilitar su presencia en Guantánamo. Véase,
“Secretary of the Navy England Briefing on Combatant Status Review Tribunal”, disponible en
http://www.defenselink.mil/transcripts/2004/tr20040709-0986.html (visitada el 17-I-2005).
44 Con datos de 15 de febrero de 2005, de los 558 casos sometidos a examen se habían concluido 422, con un
resultado favorable al mantenimiento de la calificación de combatiente en 410 y 12 revisiones aprobadas. La
información del Departamento de Defensa actualizada sobre este tema está disponible en la siguiente dirección de
Internet: http://www.defenselink.mil/news/Combatant_Tribunals.html.
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Las dudas que suscita la compatibilidad de los CSRT con las exigencias del proceso debido, en
general, y con el pronunciamiento del Tribunal Supremo en el asunto Hamdi, en particular, han
provocado nuevos procesos judiciales ante los tribunales federales. Con solo dos salvedades, el
conjunto de asuntos planteados por los detenidos en Guantánamo –más de 60- fueron
acumulados ante el Tribunal de Distrito de Columbia, que en una resolución de 31 de enero de
2005 firmada por la juez J.H. Green, declaraba su incompatibilidad con las exigencias del
proceso debido45. De confirmarse lo que, por ahora, sólo es una resolución inicial desestimatoria
de una pretensión de inadmisibilidad de plano, probablemente se abriría la puerta al fin a una
revisión del estatuto de combatiente y, consiguientemente, de las detenciones, por parte de los
tribunales federales. La decisión, sin embargo, ha sido apelada por el gobierno y el fin de la
batalla judicial, de incierto resultado46, no se vislumbra a corto plazo. Entretanto, las detenciones
indefinidas continúan.

El tercero de los elementos asociado a la política estadounidense relativa a los llamados
combatientes enemigos incluye el posible enjuiciamiento criminal de los detenidos por
comisiones militares y a través de procedimientos creados ad hoc. A tal fin, mediante una orden
militar adoptada por el presidente Bush treinta y dos días después del 11-S47, se disponía la
creación de comisiones militares similares a las que, tras la Segunda Guerra Mundial, enjuiciaron
a cerca de 25.000 acusados de crímenes de guerra48. Previstas para poder ser creadas “en
cualquier momento y lugar”, están integradas por cinco oficiales designados bajo la autoridad,
dirección y control del Secretario de Defensa49. Su competencia, concebida con carácter
exclusivo a fin de impedir cualquier interferencia de cualquier otro tribunal nacional o
internacional50, se extiende al enjuiciamiento de determinados delitos cometidos “en el contexto
del conflicto armado y vinculados con él”51, por parte de aquellos individuos no estadounidenses
respecto de los cuales el propio Presidente determine que puede estar implicado en actividades
terroristas y redunde en el interés de Estados Unidos su enjuiciamiento a través de estos
procedimientos52.

Bajo la premisa según la cual los principios jurídicos y las reglas de prueba generalmente
reconocidos en los procesos criminales ante los tribunales federales no resultan adecuados para

45 Asunto In Re Guantánamo, ya citado.
46 Aun cuando una decisión previa de 8 de noviembre de 2004 de otro juez del Tribunal de Distrito de Columbia en
el asunto Hamdan relativa a las Comisiones militares (infra) cuestiona también la legalidad de los CSRT, alguna
otra decisión de otro juez federal (R. Leon), relativa a las escasas peticiones de habeas corpus presentadas por
detenidos en Cuba que no habían sido acumuladas en el asunto In Re Guantánamo, apunta en sentido contrario. U.S.
District Court for the District of Columbia, KHALID V. BUSH, Memorandum Opinion and Order, Jan. 21 2005,
disponible en http://www.dcd.uscourts.gov/04-1142.pdf (visitada el 14-II-2005).
47 Military Order, Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism, 66 Fed.
Reg. 57,833 (Nov. 16, 2001). Disponible en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-
27.html (visitada el 7-VII-2003).
48 Sobre tales comisiones, M.CH. BASSIOUNI, Derecho Penal Internacional. Proyecto de Código penal
internacional, (traducción de J.L de la Cuesta Azurmendi), Madrid, 1984, pp. 62-63
49 Department of Defense. Directive nº 5105-70, Appointing Autority for Military Commissions, Sec. 3.1.
Disponible en http://www.defenselink.mil/news/Apr2004/d20040408dir.pdf
50 Military Order, Sec. b.2.
51 Tales delitos vienen definidos en la Military Comission Instruction nº 2, Crimes and Elements for Trials by
Military Comission, adoptada por el Departamento de Defensa el 30 de abril de 2003 y disponible en
http://www.defenselink.mil/news/May2003/d20030430milcominstno2.pdf (visitada el 24-X-2004), y entre ellos se
incluyen tanto conductas claramente tipificadas como crímenes de guerra internacionalmente (asesinato de personas
protegidas, ataques a civiles, pillaje, toma de rehenes, declarar que no se dará cuartel, uso de venenos o armas
análogas, utilización de personas u objetos protegidos como escudos humanos, torturas, mutilaciones, empleo ilícito
de emblemas protegidos, etc.), o internamente (actos de hostilidad por parte de combatientes no privilegiados,
asistencia al enemigo, espionaje, etc ), como actos de terrorismo (secuestro o atentados contra buques o aeronaves, o
terrorismo).
52 Military Order, Sec. 2.