Table Of ContentDaniel Luis Jo Villalobos • Jenniffer Canchar! Ramos ■ Jorge W. Chávez
Cotrina • Jelio Paredes Infanzón Fernando Vicente Núñez Pérez Glno
Ríos Patio Brendalis Carhuancho Zaldaña • Roldan Soto Salazar
DELITOS COMETIDOS
POR FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
Prólogo
Jorge W. Chávez Cotrina
DEUTOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Daniel Luis Jo Villalobos • Jenniffer Canchan Ramos • Jorge W. Chávez Cotrina • Jelio
Paredes Infanzón • Fernando Vicente Núñez Pérez • Gino Ríos Patio • Brendalis Car
huancho Zaldaña • Roldán Soto Solazar
Instituto
Pacífico I
Contenido
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Parte I Aspectos generales
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Parte III Concusión
Parte IV Peculado
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Parte V Corrupción de funcionarios
Parte VI Materia relacionada
Anexos ' Noticias de relevancia nacional e internacional (diarios)
INSTITUTO
PACÍFICO |
DEUTOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Autores:
© Daniel Luis Jo Villalobos • Jenniffer Canchan Ramos • Jorge W. Chávez Cotrina • Jelio Paredes In
fanzón • Fernando Vicente Núñez Pérez • Gino Ríos Patio • Brendalis Carhuancho Zaldaña • Roldán
Soto Salazar, 2020
Primera edición - Marzo 2020
Copyright 2020: Instituto Pacífico S. A. C.
Diseño, diagramación y montaje:
Luis Ruiz Martínez
María del Rosario de la Cruz Huachua
Rosa Ccormoray Almanza
Edición a cargo de:
Instituto Pacífico S.A.C. 2020
Jr. Castrovirreyna N.° 224 - Breña
Central: 6193700 / E-mail: [email protected]
Tiraje: 2,000 ejemplares
Registro de Proyecto Editorial : 31501052000201
ISBN : 978-612-322-213-0
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N.° : 2020-03250
Impresión a cargo de:
Pacífico Editores S.A.C.
Jr. Castrovirreyna N.° 224 - Breña
Central: 619-3720
Derechos reservados conforme a la Ley de Derecho de Autor.
Está terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, ya sea
electrónico, mecánico, químico, óptico, incluyendo el sistema de fotocopiado, sin autorización escrita del
autor y del Instituto Pacífico S.A.C., por lo tanto, quedan protegidos los derechos de propiedad intelectual
y de autoría por la legislación peruana.
Prólogo
os delitos cometidos por funcionarios públicos se encuentran ubicados en el
| capítulo II del título XVII del Código Penal, donde se establecen los siguientes
, tipos penales: abuso de autoridad (art. 377.9), Abuso de autoridad condicio-
nando ilegalmente la entrega de bienes y servicios (art. 376-A), otorgamiento
ilegítimo de derechos sobre inmuebles (art. 376-B), omisión, rehilamiento o demora
de actos funcionales (art. 377), denegación o retardo de apoyo policial (art. 378),
requerimiento indebido de la fuerza pública (art. 378), abandono del cargo (art.
380), nombramiento y aceptación ilegal de cargo público (art. 381); en la sección II
del capítulo II se establecen los siguientes tipos penales: concusión (art. 382), cobro
indebido (art. 383), colusión simple y agravada (art. 384), patrocinio ilegal (art. 385),
responsabilidad de peritos, árbitros y contadores particulares (art. 386); la sección II
se ocupa de los siguientes tipos penales: peculado (art. 387), peculado de uso (art.
388), malversación (art. 389), retardo injustificado de pago (art. 390), rehusamiento
a entrega de bienes (art. 391), extensión de tipo (art. 392).
La sección IV el Código Penal se ocupa de los delitos de corrupción de funcionarios,
entre los tipos penales establecidos tenemos: cohecho pasivo (art. 393), soborno
internacional pasivo (393-A), cohecho pasivo impropio (art. 394), cohecho pasivo
específico (art. 395), cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial (art.
395-A), cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial (art. 395-B),
corrupción pasiva de auxiliares de justicia (art. 396), cohecho activo genérico (art.
397), cohecho activo transnacional (art. 397-A), cohecho activo específico (art. 398),
cohecho activo en el ámbito de la función policial (art. 398-A), el artículo 398-B se
ocupa de la inhabilitación que en puridad no es un tipo penal, el mencionado artículo
establece los supuestos en los que se impondrá la inhabilitación en los casos que el
funcionario esté inmerso dentro de los supuestos del artículo 398-A, tráfico de influen
cias (art. 400) y finalmente el art. 401 se ocupa del delito de enriquecimiento ilícito.
La corrupción es uno de los flagelos que viene sufriendo nuestra sociedad desde hace
varias décadas, en sus diversas modalidades, desde los actos de corrupción básica
que en muchos casos pasan desapercibidos como es, por ejemplo, los empalmes que
los choferes le dan a un policía cuando comenten una infracción de tránsito, actos
que ocurren todos los días, hasta la gran corrupción de las altas autoridades en las
licitaciones públicas donde se juegan miles de millones de dólares.
Cuando estamos frente a este tipo de delitos no podemos dejar de mencionar a:
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), tam
bién conocida como la Convención de Mérida, por haber sido adoptada
en esa ciudad de México en diciembre del 2003, entró en vigor el 14 de
diciembre del 2005 al reunir las 30 ratificaciones requeridas. Actualmente,
está integrada por 126 Estados miembros y sus objetivos son:
DEUTOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS
- Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente
la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes.
- Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la
prevención y la lucha contra la corrupción.
- Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida
gestión de los asuntos y bienes públicos.
En este sentido, la convención reconoce que una función pública eficiente
y transparente es la base de un buen gobierno. Asimismo, indica que, para
evitar los efectos nocivos de la corrupción es indispensable que sus normas
sean aplicables también al sector privado y se involucre a la sociedad en
el diseño e implementación de estrategias en la materia.
Otro aspecto novedoso de la convención radica en el tratamiento que
otorga a los fondos provenientes de actos de corrupción desviados de los
erarios públicos nacionales a terceros países. La recuperación de activos
es fundamental, ya que estos fondos son propiedad del Estado y es indis
pensable su reincorporación a los países de los que fueron sustraídos, lo
que obliga a los Estados parte a brindar mayor cooperación para prevenir
y detectar movimientos de fondo1.
Es de suma importancia que el fiscal cuando está frente una investigación de delitos
de esta naturaleza, independientemente a qué dependencia pertenezca, tenga claro
qué es un funcionario o servidor público, y para ello nos debemos remitir a la Con
vención de Mérida que en su art. 2 nos ofrece estas definiciones:
a) Por “funcionario público” se entenderá:
i) Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo
o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente
o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa
persona en el cargo;
ii) Toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un
organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público,
según se defina en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la
esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado parte;
iii) Toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho
interno de un Estado parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas
específicas incluidas en el capítulo II de la presente convención, podrá
entenderse por “funcionario público” a toda persona que desempeñe
una función pública o preste un servicio público según se defina en el
derecho interno del Estado parte y se aplique en la esfera pertinente del
ordenamiento jurídico de ese Estado:
Por “funcionario público extranjero” se entenderá: toda persona que
ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de
un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que
ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un
organismo público o una empresa pública. 1
1 Recuperado de <https://bit.ly/2LlwPpB
PRÓLOGO
Por “funcionario de una organización internacional pública” se en
tenderá: un empleado público internacional o toda persona que tal
organización haya autorizado a actuar en su nombre.
Dentro de la gama de delitos vinculados a la Administración pública que cometen
las organizaciones criminales, uno de los más importantes, después del delito de
tráfico ilícito de drogas y la trata de blancas, es el delito de corrupción. Dentro de
las estadísticas de la Fecor, en más del 90 % de investigaciones que se llevan a cabo
siempre existe un funcionario público involucrado; sin embargo, hemos tenido
casos en los cuales son los funcionarios los que dirigían a la organización criminal
valiéndose de sus cargos, como en la investigación contra una estructura criminal
que se dedicaba a usurpar terrenos, luego los lotizaba para venderlos a pobladores
de escasos recursos a precios muy bajos, y cuando estos construían sus modestas
moradas, los desalojaban mediante la violencia, para, posteriormente, vender estos
inmuebles a terceras personas a un precio mayor, donde el alcalde era el cabecilla
de dicha organización.
Existen un sinnúmero de modalidades que utilizan las organizaciones criminales para
infiltrarse y corromper a las altas esferas de los gobiernos sean estos locales, regionales
o Gobierno central; la corrupción puede desarrollarse en el Estado como en la época
de Fujimori y Montesinos, o puede desarrollarse dentro de una gran empresa, como
en el caso de la constructora Odebrecht, la cual se valió de una serie de actos ilícitos
para ganar licitaciones de las más grandes obras de infraestructura del país, en este
caso los empresarios crearon toda una estructura criminal no solo para sobornar a
las autoridades de ese momento, sino que se dieron el lujo de financiar campañas
políticas para asegurar la continuación de sus obras. Esperemos que algún día se
logre una sentencia por el delito de organización criminal. Cabe precisar que en la
época en que estos hechos delincuenciales sucedían, no estaba vigente el tipo penal
de organización criminal, pero se debe recordar que sí estaba vigente el tipo penal
de asociación ilícita, entonces, cómo se explica que los que recibieron sobornos o
fueron beneficiados ilícitamente con dinero para financiar para sus campañas polí
ticas, se los procese por organización criminal y a aquellos que los corrompieron no
se les haya imputado este delito.
La convivencia de las organizaciones criminales con los delitos de corrupción es
vital para que las primeras logren sus objetivos ilícitos, ambas se sostienen, una no
puede vivir sin la otra:
La relación entre la criminalidad organizada y la corrupción en el país es
innegable. Diversas modalidades de actos corruptos se basan en el uso de
estructuras organizadas para introducirse en el sector público y político a
fin de operar bajo un sistema de corrupción. Así, la distribución de contra
tos estatales a terceros que favorecen a los funcionarios por su ‘elección’
o el depósito personal de pequeñas cantidades de dinero a una cuenta
bancada en distintas fechas y lugares requieren un grado de organización
y un númerode participantes para su ejecución. Diversas modalidades de
lavado de activos y actos de corrupción se visualizan en las tesis fiscales
de los casos más relevantes de la actualidad, como los mencionados. El
juzgamiento y sanción de casos pueden ser un aliciente a la preocupación
nacional sobre el alto índice de corrupción en el país, pero no debe ser
DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS
la única herramienta para reducir el alcance del fenómeno aún presente
en diversos ámbitos del sector público2.
Las conclusiones del IX Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente —en el listado de delitos
figuran diecinueve modalidades de la delincuencia organizada, entre ellas
figura el soborno y cohecho de funcionarios público, soborno y cohecho
de funcionarios de partidos políticos y soborno y cohecho de represen
tante elegidos— es que existe, entonces, una criminalidad organizada
para realizar delitos de cohecho, o mejor, asociaciones ilícitas para el
soborno. En este sentido, en el contexto peruano, la mencionada Ley
N.° 28355, también modifica la redacción del delito de asociación ilícita
(art. 317 del Código Penal) sancionando ahora al que “[...] forma parte
de una organización [...]”, cuando antes solo se mencionaba el hecho de
“[...] ser miembro de la agrupación”. Siguiendo en el derecho peruano,
cobra relevancia la temática de la criminalidad organizada en el ámbito
funcionarial, pues la aplicación de algunas de las “leyes anticorrupción’
tienen como presupuesto la existencia, precisamente de una criminalidad
organizada que se gesta “desde el Estado”, por parte de sus integrantes
(sobre todo la legislación anticorrupción apunta aquellos funcionarios
públicos que tienen la prerrogativa de acusación constitucional). En tal
orden de ideas, por ejemplo, la Ley N.° 27378 lleva como título “Ley
que Establece Beneficios por Colaboración Eficaz en el Ambito de la
Criminalidad Organizada”. Asimismo, el art. 1 de la referida ley tiene
su ámbito de aplicación en la medida que sean 1) Perpetrados por una
pluralidad de personas o por organizaciones criminales, siempre que en su
realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido fun
cionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento
o aquiescencia de estos. En otro contexto, la Ley N.° 27379 establece
que las medidas limitativas previstas en la ley podrán dictarse, entre otros
casos: (art. 1 numeral 1) a delitos perpetrados “[...] por una pluralidad de
personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización
se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o
servidores públicos [...]”. Reitera la misma ley (art. 1 numeral 2) que “[...]
siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o
que el agente integre una organización criminalidad”3.
En la presente obra hemos reunido artículos referentes a diversos delitos de co
rrupción de funcionarios, desde los aspectos generales de estos delitos, donde se
realiza un análisis de los principales tipos penales que reúne nuestro Código Penal
en esta materia, del mismo modo se hace un estudio de otras figuras penales desde
el punto de vista de la jurisprudencia nacional, lo cual es un aporte de los autores a
la comunidad jurídica, esperando que estos estudios prácticos sirvan al lector para
una mejor comprensión de estas figuras delictivas.
Jorge W. Chávez Cotrina
2 Recuperado de <https://bit.ly/2RjaP2j>.
3 Reátegui Sánchez, James, “Los delitos de corrupción de funcionario y criminalidad organizada”, Lima:
2008. Recuperado de <https://bit.ly/2RjaP2j>.
ASPECTOS
GENERALES
