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Prólogo – Cristina... el desierto
Un partido para el cambio de modelo
Igualdad no es igualitarismo
A Jorge Lanata: No, Jorge. No es así.
-Lo que le dijimos a la gente, allá en octubre...”
Aerolíneas y el cinismo K
Desacoplados
Gatopardo metrosexual
Condenados a languidecer
El ojo de la tormenta
Las calificadoras de riesgo, ¿también destituyentes?
Hacia el reordenamiento político
Ni se les ocurra
Pagar deudas está bien
¿Vuelve el radicalismo?
Terminen con ese engendro
Alto cinismo en tres dimensiones
Burbujas que se “derrumban”
Lo que viene
El gobierno y los “modelos”
Calidad institucional
El gran robo
El irresistible atractivo de “transferir”
El día después
El mensaje radical
Recuperar institucionalidad, crear instituciones
Connotaciones
Anuncio presidencial
La renuncia de Cobos
¿Otra vez la Escribanía?
Por Dios, señora, ¿en qué mundo vivía?...
Frente a la tierra arrasada, consenso democrático
El eclipse de la ley
La socialdemocracia y el Falcon
Estatizar el juego de azar
Hilda Molina y Cristina Kirchner
La alegría de Cristina
-Éstos no son los gallegos. Éstos son Obama...”
Por la gracia de Dios...
Heladeras baratas
Una constelación se oculta. Otras asoman.
Garrido y la banalización del mal
A manera de prólogo
Cristina... el desierto
Al momento de escribir estas líneas, más de un año lleva ya la
gestión de Cristina Fernández de Kirchner al frente del gobierno nacional.
La anterior recopilación, correspondiente a los primeros seis meses
de su gestión, fue realizada al culminar el conflicto desatado en marzo de
2008 y que se prolongó por varios meses a raíz de la pretensión de la
administración peronista por ella encabezada de fijar un techo a la
rentabilidad de los productores agropecuarios en cifras que oscilaban entre
el 5 y el 10 % de su ganancia real -el resto, pasaría a ser confiscado y
administrado por el gobierno nacional a través del mecanismo de las
“retenciones móviles”-.
La conmoción social que provocó esta iniciativa, justificada en
argumentos puramente ideológicos, generó el derrumbe en el apoyo
popular a la gestión presidencial. Del 60 % de apoyo que exibía antes de
comenzar el conflicto, retrocedió hasta el 20 % al finalizar, estabilizándose
en poco más de esa cifra a partir de agosto del año 2008.
El gobierno no logró recuperar la templanza ni atinó a corregir una
visión tan aislada de la realidad nacional. Por el contrario, prefirió caminar
en el desierto y profundizó ese enfoque, decidiendo una nueva medida
confiscatoria consistente en la apropiación de los ahorros previsionales
privados. Nueve millones de ahorristas previsionales sufrieron esta
confiscación, con repercusión inexorable en sus patrimonios y futuras
pasividades. Virtualmente fueron condenados a la jubilación mínima todos
quienes habían aportado, con el respaldo de la ley vigente, para mejorar su
situación al momento de jubilarse.
En este caso, fue acompañado por una mayoría legislativa que
incluyó no sólo al bloque peronista, sino insólitamente a legisladores que
habían llegado a sus bancas en la boleta sábana de la Coalición Cívica
-liderada por Elisa Carrió, fuerte opositora a la medida- y por la bancada
socialista, en una inexplicable actitud que fue vista por analistas políticos y
periodistas del momento como la contrapartida -no confirmadas por los
hechos- de fondos públicos que la administración kirchnerista entregaría a
la provincia de Santa Fe para la realización de obras, pero dejando un
baldón de muy difícil reversión para la imagen del otrora incorruptible
Partido Socialista.
El mundo, mientras tanto, ingresaba en la aceleración de la crisis
global que ya se inisinuaba en meses anteriores. El resultado con más fuerte
incidencia para el país de esta aceleración fue el derrumbe del precio de los
productos de exportación agropecuarios, prácticamente a la mitad.
La bonanza externa que había permitido la dinamización de la
economía argentina entre 2003 y 2007, finalizó abruptamente. El superávit
comercial comenzó su abrupta caída, al igual que el superávit fiscal,
mientras comenzó a crecer el desempleo y a paralizarse la economía.
Si en agosto del 2008 decíamos que en las condiciones en que había
terminado el conflicto entre el gobierno nacional y los productores
agropecuarios hacía sentir que faltaban tres siglos y medio para el fin del
gobierno de Cristina Kirchner, al comenzar su primer año de gestión está
muy claro que, sea cual fuere su duración, no habrá hecho nada por
cambiar el rumbo de la decadencia nacional, centrada en el deterioro de su
educación, el desmantelamiento de la defensa, la bastardización del
parlamento, la subordinación de la justicia al poder, la desaparición del
federalismo, el crecimiento de la pobreza y la miseria, el aislamiento
internacional, una patética desjerarquización del poder convertido en una
asociación ilícita para beneficios personales y el pretendido lucimiento
internacional de la presidenta, sin límites de recato, buen gusto o austeridad
republicana. Poco bueno queda -si algo hubiera-, y por el contrario se
incrementaron los vicios más condenables de la política argentina,
asentados en una estructura groseramente clientelar, prebendaria y corrupta
propia del populismo más crudo.
La Argentina dejó de ser vista por la opinión pública mundial como
el país de San Martín y de Sarmiento. Abandonó los lauros ancestrales de
la patria de la república y la educación. Convertida en el hazmerreír de la
comunidad internacional y los propios vecinos, ha llegado a ser objeto de
burla entre sus propios ciudadanos.
“Cristina... el desierto” es un aporte a la crónica, una ayuda a la
memoria, una protesta angustiada contra una realidad impropia de nuestros
próceres y un llamado a la reacción para llegar al segundo centenario con
una perspectiva diferente.
No se busque en este trabajo objetividad, porque no la hay. Tampoco
hay mentiras. Sí existe el propósito de exponer una visión del país
compartida por muchos argentinos que sienten la patria en sus entrañas y
aún se indignan al percibir cómo en un país dotado como el nuestro en
bienes materiales y en gente de altas calidades, mueren de hambre veinte
niños por día en “el mejor período económico de nuestra historia” (Cristina
“dixit”).
Buenos Aires, marzo de 2009
Indice
Un partido para el cambio de modelo
Las repetidas alusiones de la presidenta sobre las diferencias entre su
“modelo” y el que presumiblemente defendería el campo la han llevado a
insistir, en los últimos tiempos, en una nueva cantinela que comienza a ser
reiterativa: la de instarlos a formar un partido político con ese fin.
El razonamiento de la señora presidenta, sin embargo, enfoca la
cuestión en forma equivocada. No se ha leído en ningún reclamo del campo
un pedido de “cambio de modelo”, si por tal entendemos el establecido por
las normas constitucionales que nos rigen. Y por el contrario, la sospecha
más grande es que, quien quiere un cambio de “modelo” sin tener
legitimidad para hacerlo, es la propia presidenta.
“¿Cómo es eso?!, increparía seguramente ella de inmediato. “¡si
nosotros ganamos las elecciones!...”
Exacto. Ganaron las elecciones. Eso significa que compitieron por la
administración del país en el marco establecido por la Constitución y las
leyes. En su propuesta electoral en ningún momento reclamaron un
“cambio de modelo”, y al asumir, juró “por Dios, la Patria y ante los Santos
Evangelios” respetar y hacer respetar sus normas.
Entre esas normas, existe una que establece el procedimiento para su
propia reforma: ella debe conocerlas, no sólo porque es abogada sino
porque fue integrante de la Convención Reformadora de 1994.
Volvamos al razonamiento: la resolución de las retenciones, que
tanto ruido ha hecho en los últimos tiempos, no tiene fundamento
constitucional, es decir, fue dictada al margen del “modelo” de la
Constitución. Esto, al parecer, no le interesa demasiado a muchos
legisladores, ni siquiera a muchos gobernadores. Sin embargo, no forma
parte de un acuerdo que deba gestarse entre los funcionarios, cualquiera sea
su lugar en el organigrama público, porque no se trata de distribución de
competencias entre ellos sino algo más trascendente: afecta al contrato
fundamental entre el poder y los ciudadanos.
En nuestro sistema político, la base del poder es cada ciudadano.
Todos los argentinos que ostenten esta categoría, en conjunto, forman “el
pueblo”. Ese “pueblo”, por su ley fundamental, delega parcelas de su
libertad originaria –“todos los hombres nacen libres e iguales...”- en el
poder, bajo las condiciones que se establecen en la Constitución. Todas sus
demás potestades y derechos quedan reservados por sus titulares originarios
–los ciudadanos, como células básicas, y el “pueblo”, como entidad política
que los abarca a todos-, por el artículo 32 de la Constitución.
Si el poder avanza sobre los derechos de los ciudadanos, se rompe el
contrato constitucional, se rompe el “modelo”, como le gustaría decir a la
señora presidenta.
Los hombres de campo –y quienes los han acompañado en sus
reclamos en estos meses- no están pidiendo que se cambie ese modelo. Por
el contrario, su reclamo ha sido muy claro: quieren que se lo respete.
Y, al contrario, quien ha pretendido cambiar el “modelo” sin tener
facultades legítimas para hacerlo, es la propia señora presidenta, a quien
cabría reclamarle que, si realmente quiere cambiar el modelo vigente, que
presente el proyecto de reforma constitucional estableciendo otras bases,
las que integran su propuesta.
Podrá así, por ejemplo, proponer reformas que anulen la prohibición
de la confiscatoriedad, pongan mayores límites al derecho de propiedad,
reduzcan las facultades del Congreso y las transfirieran al Ejecutivo,
dispongan que los Jueces no tienen independencia ni estabilidad cuando
pierden la confianza del poder, limiten la libertad de prensa, concentren la
capacidad de disposición de recursos en el poder ejecutivo nacional con el
correlativo vaciamiento del federalismo, y hasta deroguen la imputabilidad
de los funcionarios en casos corrupción, entre otras cosas.
Si los ciudadanos –y el “pueblo”- votan esas reformas, la señora
presidenta tendrá legitimidad para seguir haciendo lo que hace, y –entonces
sí- los hombres del campo y quienes los acompañan deberían formar una
fuerza política para volver al “modelo” cuya vigencia efectiva hoy
reclaman. Porque el que está vigente por la Constitución, no es el que se
está aplicando por la presidenta.
No es, entonces, el campo, el que tiene hoy que formar un partido
para cambiar un modelo con el que está conforme. Es la presidenta, que
pretende cambiar ese “modelo” sin tener facultades para hacerlo, la que en
todo caso debe hacerlo.
Entonces, señora presidenta: si quiere cambiar su modelo, pues
forme usted un partido político, o utilice el que ya tiene, proponga su
proyecto al Congreso, y si obtiene los 2/3 de cada Cámara, convoque a una
Convención Constituyente para hacerlo.
Si no, limítese a lo que son sus facultades. Gobierne según las
normas de la ley. Y respete a los ciudadanos, que son sus mandantes y no
sus súbditos, cuando éstos, en legítima defensa de sus derechos, le piden –
aún teniendo derecho a exigirlo- que cumpla usted con la Constitución que
juró respetar.
Indice
-Igualdad no es igualitarismo...
“Igualdad no es igualitarismo. Éste, en última instancia, es también
una forma de explotación: la del buen trabajador por el que no lo es, o
pero aún, por el vago”.
¿Quién puede ser el autor de esta frase? ¿algún dirigente ruralista
cercano a la “oligarquía”? ¿algún político “neoliberal”, alejado de los
intereses “nacionales y populares”? ¿algún “ricachón” al que no le interesa
la “redistribución del ingreso”?
Sorpréndase: lo acaba de proclamar Raúl Castro, presidente de Cuba,
al anunciar el incremento de la edad de jubilación en cinco años (a los 65
años, en lugar de 60) y el comienzo de una etapa “realista” que elimine los
subsidios excesivos y sea económicamente sostenible.
De ahí a caer en la excomunión por el santuario progresista hay
apenas un paso. No sería de sorprender que en pocos días más, la inefable
Hebe –la de las docenas de cheques sin fondos que no investiga ningún
fiscal- nos sorprenda con su descalificación total al líder cubano, que se ha
atrevido a tener un intervalo lúcido de sentido común. Es probable que lo
acuse de “vendido al oro del imperio”.
Desde estas columnas, hace un par de meses, expresábamos un
concepto similar, al separar claramente al socialismo del populismo. Y es
oportuno, ante la violenta intención de apropiación del trabajo y la
propiedad ajena en la que está empeñado el kirchnerismo, volver sobre el
tema.
Populismo no es lo mismo que socialismo. Este último, subproducto
potente de la modernidad, supone la creciente socialización de los medios
de producción. En ese proceso y mientras ello no ocurra, la “plusvalía”,
riqueza que –en la cosmogonía marxista- el trabajador genera para el
capitalista, es limitada por leyes comerciales, sociales, salariales e
impositivas originadas muchas veces en reclamos socialistas en el marco
del estado de derecho, apoyado en la soberanía popular por los
procedimientos y límites acordados en la Constitución. De esta forma, la
naturaleza “expoliadora” del capitalista vuelve a revertirse hacia quienes
generan esa riqueza con su trabajo. Es el mecanismo virtuoso que, por
encima de las sofistificaciones ideológicas, han adoptado las sociedades
democráticas, y más profundamente las capitalistas exitosas, generando un
entramado de formas mixtas de propiedad que incluyen en muchos casos la
copropiedad accionaria por los propios trabajadores.
El populismo, por el contrario, no asume la responsabilidad de
generar riqueza, sino que recurre a la más directa forma medioeval de la
apropiación lisa y llana de la riqueza ajena. No es moderno, es pre-
moderno. No le interesa crear bienes y servicios, sino apropiarse de los
generados por otros. La ética del socialismo es la libertad y la justicia. La
ética del populismo es la del relativimo moral. Los socialistas son
revolucionarios, y en tanto tales, reivindican el dialéctico avance de la
humanidad, en escalones sucesivos, hacia un mundo más perfecto. Los
populistas son esencialmente rapaces (algunos dirían directamente
ladrones) y no reivindican ningún avance social coherente que trascienda el
momento. Los socialistas apoyan su construcción teórica en el trabajo
creador, acción suprema de la dignidad humana. Los populistas, en su
rapiña para financiar el ocio, la conformacion de fuerzas de choque o la
construcción de un poder clientelar sin virtudes democráticas. O –como lo
sugiere Raúl Castro- en explotar a los que efectivamente trabajan.
El capitalismo y el socialismo conviven en la modernidad, que les
provee de instrumentos de mediación para procesar sus conflictos y acordar
equilibrios transitorios, siempre dinámicos. El populismo, por el contrario,
odia a la modernidad, a la limitación al puro poder que implica respetar las
leyes, la igualdad de todos ante el orden jurídico, la división de los poderes,
la libertad de expresión, de conciencia y de prensa, y la opinión diferente.
Por eso los socialistas más lúcidos apoyan la lucha del campo, generador de
riqueza social, de fuentes de trabajo y de progreso económico que beneficia
a todos, mientras que los populistas adoptan la rapaz intención kirchnerista
de manotear groseramente los ingresos ajenos sin importarle las
consecuencias. No existe ninguna contradicción en el apoyo de Castells y
Toti Flores al reclamo del campo, y en el alineamiento desmatizado de los
funcionarios D’Elía, Pérsico y Cevallos con la rapiña “K”.
La modernidad no admite faltarle el respeto al ciudadano, que es su
creación intelectual y su razón de ser. Para el populismo, el ciudadano es
una entelequia molesta para lograr su cometido, una creación
extranjerizante que con gusto desterraría hasta del lenguaje. Por eso la
mayoría “ciudadana” apoya al campo, y la minoría populista se indigna con
su resistencia a entregarles tranquilament el “botín”.
En el fondo del drama argentino está la impregnación populista de su
discurso y su praxis política. Los “K”, con sus incoherencias discursivas y
angurria desbordada han llegado a un nivel orgiástico, aunque no sean los
únicos. Se apoyan en un sistema de creencias conspirativas, análisis
rudimentarios, maniqueísmos arcaicos, complejos de inferioridad y
predisposición a la violencia –normalmente verbal, aunque en ocasiones
con dramáticas consecuencias, como los golpes de Estado, las policías
bravas, la masacre de Ezeiza, los atentados terroristas de los 70 y la
represión ilegal que los siguió- de alcance más general, que ha impedido la
entrada de la Argentina al mundo moderno.
Sin embargo, estos meses han hecho avanzar la conciencia de la
sociedad sobre sus derechos, los límites del poder, la autonomía de los
ciudadanos y la defensa de sus libertades más que cualquier otro momento
desde la recuperación democrática. Por eso cabe el optimismo.
La Argentina que viene, terminada la pesadilla “K”, será –en gran
medida, gracias al campo-, democrática y solidaria, respetuosa de la ley y
homologable ante el mundo, preocupada de sus problemas e inequidades y
alejada de los discursos grandilocuentes –pero vacíos- pronunciados en
tono admonitorio con el dedito levantado. Será la Argentina moderna del
crecimiento económico, la integración al mundo, el progreso social y el
avance tecnológico. Pero por sobre todo, será la Argentina que habrá
retomado la base moral de su ley fundamental: la igualdad ante la ley, para
la que nadie vale más que nadie.
Aunque grite fuerte, amenace periodistas, siembre miedo o convoque
a la violencia.
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