Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición

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Crimen
organizado y
saboteadores
armados en
tiempos de
transición
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Informes
Crimen organizado y
saboteadores armados en
tiempos de transición
Eduardo Álvarez V.
María Victoria Llorente
Andrés Cajiao V.
Juan Carlos Garzón V.
Informe
27
Bogotá, Julio 2017
Crimen organizado y
saboteadores armados en
tiempos de transición
Autores
Eduardo Álvarez Vanegas
María Victoria Llorente
Andrés Cajiao Vélez
Juan Carlos Garzón V.
Edición y corrección de estilo
Elizabeth Reyes Le Paliscot
Fotografías
Revista Semana©
Diseño y diagramación
Ladoamable ltda
www.ladoamable.com
ISBN
978-958-59718-7-5
Fundación Ideas para la Paz (FIP)
Calle 100 No. 8ª - 37 Torre A. Of. 305. Bogotá
Tel. [phone]
www.ideaspaz.org / e-mail: [email protected]
Serie Informes No. 27 / Julio 2017
Contenido
8 PRESENTACIÓN
11 INTRODUCCIÓN: UNA RADIOGRAFÍA NECESARIA
1. NO HAY CLARIDAD SOBRE LA MAGNITUD DEL
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FENÓMENO
1.1. LA MIRADA DEL ESTADO: ¿CUÁNTOS, QUIÉNES Y EN
DÓNDE?
1.2. ENTRE LA MIRADA DEL ESTADO Y LAS
REALIDADES DE LA TRANSICIÓN
1.3. FRAGMENTACIÓN ORGANIZACIONAL Y MAYOR
SUBCONTRATACIÓN
1.4. FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL Y EXPRESIONES
ARMADAS EN FORMACIÓN
1.5. LA “PRESENCIA”: UN CONCEPTO POR ACLARAR
2. LA PRESENCIA ES LIMITADA Y HETEROGÉNEA
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2.1. NÚCLEOS DE DOMINIO: URABÁ Y BAJO CAUCA
ANTIOQUEÑO
2.2. NÚCLEOS EN DISPUTA: CHOCÓ, BUENAVENTURA Y
TUMACO
2.3. NÚCLEOS DE COEXISTENCIA: META, CATATUMBO Y
PUTUMAYO
3. FORTALECIMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN
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EL NIVEL LOCAL
3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
3.2. ESTUDIOS DE GRUPOS
93 DIEZ RECOMENDACIONES PARA ABRIR EL DEBATE
106 BIBLIOGRAFÍA

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Agradecimientos
Los autores agradecen a todas las personas que participaron en las entre-
vistas y conversaciones informales en diferentes regiones del país. Este infor-
me no hubiera sido posible sin la participación desinteresada de funcionarios
públicos, integrantes de organizaciones sociales campesinas, indígenas y afro-
colombianas, representantes de iglesias, periodistas, integrantes de la fuerza
pública, operadores judiciales y miembros de organismos internacionales y
agencias humanitarias.
En la FIP merece especial mención la investigadora Paola González, quien
apoyó la etapa inicial de este informe en su estructuración y alcance. De igual
manera, Boris Ramírez, director del área de Gestión del Conocimiento; Patricia
Bulla, directora del área de Seguridad y Política Criminal; los investigadores
Daniel Pardo, Irina Cuesta, Ángela Silva, Lorena Zárate y Paula Sarmiento y, las
pasantes Alexandra Hau y Paula Tobo. Los aportes y críticas del investigador
asociado Rodolfo Escobedo fueron cruciales, así como los de todos los asisten-
tes a la presentación de una versión preliminar de este informe, que se llevó a
cabo el 2 de diciembre de 2016, en Bogotá.
La disposición y generosidad del equipo de periodistas de Verdad Abierta y
de su director, Juan Diego Restrepo, también facilitaron inmensamente el tra-
bajo de campo y el análisis de algunas de las regiones.
Agradecimiento a John de Boer, exasesor senior de política pública de la
Universidad de las Naciones Unidas, y a Louise Bosetti, investigadora de la
misma universidad, quienes, con sus aportes y conocimientos de otras expe-
riencias en el mundo, enriquecieron el enfoque de este documento.
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Siglas y abreviaturas
ACC Autodefensas Campesinas de Casanare
ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
AGC Autodefensas Gaitanistas de Colombia
AMCO Área Metropolitana del Centro Occidente
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BACRIM Bandas Criminales
BCB Bloque Central Bolívar
BLV Bloque Libertadores del Vichada
BM Bloque Meta
CEO Centros Estratégicos Operacionales Integrales de Lucha Contra las Drogas Ilícitas
CTI Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación
DDR Desarme, Desmovilización y Reintegración
DIH Derecho Internacional Humanitario
DIJIN Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional
DIPOL Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional
DIRÁN Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional
ELN Ejército de Liberación Nacional
EPL Ejército Popular de Liberación
ERPAC Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FGN Fiscalía General de la Nación
FIP Fundación Ideas para la Paz
NGUP Nuevas Guerrillas Unidas del Pacífico
GAO Grupos Armados Organizados
GDO Grupos Delictivos Organizados
OCHA Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
ODIN Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico
PDET Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
PONAL Policía Nacional de Colombia
PTN Puntos Transitorios de Normalización
SAT Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo
SCDEA Scottish Crime and Drug Enforcement Agency
SOCA UK’s Serious Organized Crime Agency
UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
ZVTN Zonas Veredales Transitorias de Normalización
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Presentación
Con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país entró en una fase de
transición caracterizada por la continuidad del crimen organizado, de algunos
grupos guerrilleros y de otro tipo de expresiones armadas, agentes y redes cri-
minales que se han hecho más visibles o que están en proceso de formación.
Hoy, sin duda, uno de los principales desafíos para la seguridad en Colombia es
la persistencia de factores generadores de violencia.
En este informe, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) presenta una radio-
grafía necesaria y actualizada del crimen organizado y demás saboteadores
armados que existen en el país. En el primer capítulo se identifican algunos
retos para dimensionar no sólo lo que el Estado llama Grupos Armados Or-
ganizados (GAO), sino otras expresiones criminales y armadas. Sumado a un
panorama general de los GAO, también se explica por qué estos grupos han
entrado en un proceso de fragmentación organizacional y territorial y por qué
creemos que las realidades de la transición no son equiparables a los criterios
que emplea el Estado para identificar la amenaza. Esto toma mayor relevancia
si se tiene en cuenta el impacto en lo local y en la seguridad física de las pobla-
ciones y su cotidianeidad.
El segundo capítulo muestra las diferencias territoriales según el tipo de
presencia de cada grupo. Basados en casos territoriales como Urabá, Bajo Cau-
ca antioqueño, Chocó, Buenaventura, Tumaco, Meta y Catatumbo, la FIP pro-
pone una clasificación sencilla para entender que la presencia varía según el
núcleo de acción (si hay disputa, si coexisten o si hay uno que domina) y de los
intereses y capacidades de cada grupo. Estos casos también sirven, en primer
lugar, para evidenciar rasgos comunes y subrayar aquellos que les son parti-
culares. Y, en segundo lugar –así no haya presencia de grandes estructuras
armadas– para lanzar alertas y proponer una mirada diferenciada sobre los
riesgos de la violencia y sus trayectorias, ya que no se puede dejar de lado el
vínculo entre crimen, dinámicas del conflicto, la yuxtaposición de tácticas y
estrategias políticas y criminales de los grupos armados y las realidades cam-
biantes en los territorios.
Estos ejemplos regionales replantean lo que tradicionalmente se ha deno-
minado crimen organizado y conflicto armado, con una mirada más flexible,
basada en las realidades locales.
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El tercer capítulo profundiza en el fortalecimiento del crimen organizado
en el nivel local. La FIP se aproxima a ocho estructuras que el Estado llama
Grupos Delincuenciales Organizados (GDO): Los Rastrojos, La Cordillera, Los
Buitragueños, Los Botalones, Los Caqueteños, Los Costeños, Los Pachenca y
el Clan Isaza. Nuestro objetivo es encontrar rasgos comunes y variaciones con
respecto a su origen, dimensión territorial, composición, actividades y reper-
torios de violencia y relaciones o vínculos con autoridades locales. Si bien esta
aproximación parte de una visión clásica del crimen organizado –estructura y
actividades– también hace hincapié en dimensiones como el recorrido e iden-
tidad de estos grupos, sus nexos con dinámicas del conflicto, sus condiciones
de posibilidad territorial, su relación con el impacto humanitario y sus alcances
transnacionales.
Finalmente, en el cuarto capítulo, la FIP propone diez recomendaciones que
buscan abrir el debate. De igual forma, son un llamado a las diferentes insti-
tuciones estatales y organizaciones nacionales e internacionales a converger
en un diálogo abierto y ponderado sobre un fenómeno que está lejos de ser
desmontado y que requiere de una visión más apegada a las vulnerabilidades
territoriales.
El método
Este informe se elaboró entre agosto de 2016 y mayo de 2017. Se hizo tra-
bajo de campo y visitas de corta duración al Catatumbo, Buenaventura, Pu-
tumayo, Cauca, Llanos Orientales, Urabá y Tumaco. Igualmente, se realizaron
cerca de 100 entrevistas y conversaciones grupales con servidores públicos,
autoridades locales, funcionarios de organismos internacionales, integrantes
de la fuerza pública, operadores judiciales, periodistas, líderes locales, profeso-
res universitarios, organizaciones no gubernamentales de tipo regional y local,
asociaciones de víctimas, desmovilizados en proceso de reintegración, media-
nos y pequeños empresarios y comerciantes.
Por razones de seguridad, algunas entrevistas se llevaron a cabo de manera
virtual en Bogotá y otras capitales departamentales con aquellas personas que
decidieron no conversar en su lugar de residencia. Todos los entrevistados fueron
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informados de los alcances del informe y del carácter confidencial de su identi-
dad. A todos se les pidió permiso de tomar anotaciones o de grabar las entrevis-
tas, que también se nutrieron de conversaciones sostenidas de manera informal.
Este informe también se alimenta del trabajo de campo hecho en diferentes
regiones antes de agosto de 2016, de la revisión de fuentes secundarias y de
dos bases de datos de la FIP: la base de conflicto que agrupa hechos de 1986 a
2016 y la base de prensa que agrupa la revisión diaria de 36 fuentes de prensa
nacional y regional.
El contenido de las entrevistas y las fuentes secundarias se clasificó o co-
dificó por unidades de significado, que sirvieron de base para alimentar cada
hipótesis y estructurar el contenido de este informe. Por ejemplo, en las entre-
vistas fueron consistentes las menciones sobre lo que se podría entender, hoy
en día, por “presencia” de estos grupos, con sus respectivos matices. De ahí que
en el texto haya un subcapítulo que se aproxima a los diferentes tipos de pre-
sencia y a los retos analíticos que esto representa para, por un lado, no caer en
exageraciones acerca de que estos grupos estarían en x o y número de depar-
tamentos y municipios. Y, por el otro, llamar la atención sobre la necesidad de
desarrollar una agenda de investigación para la construcción de micro-datos
que ayuden a comprender más acertadamente las dinámicas y variaciones de
las trayectorias de las diferentes expresiones que persistirán en el corto y me-
diano plazo en Colombia.
Una versión preliminar de este documento fue presentada en diciembre de
2016 a un grupo de funcionarios públicos, integrantes de la fuerza pública, re-
presentantes de organismos internacionales e investigadores, quienes expre-
saron sus puntos de vista, sugerencias, preguntas y críticas.
Este informe es de tipo inductivo e interpretativo. Pretende dar una mirada
que no se limita a lo que el Estado llama “crimen organizado” o a lo que otros
sectores llaman “paramilitarismo”, sino una más balanceada sobre el carácter
cambiante del conflicto armado y del crimen organizado en un escenario de
transición, el impacto de las diferentes expresiones armadas que lo componen,
así como aquellas que están en proceso de formación y que se han ido visibili-
zando con el desmonte paulatino de las FARC.